El Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno regional han acordado este miércoles impulsar la ampliación de las depuradoras de Jinámar y Bocabarranco y ejecutar sus emisarios, unas obras que tienen un coste de 23 millones de euros.
La Corporación insular califica de “urgencia” la atención de las necesidades de cerca de 80.000 habitantes, según indica en un comunicado el consejero insular de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo.
Se trata de cuatro proyectos que el Cabildo planteó este miércoles al Ejecutivo canario para duplicar la capacidad de las depuradoras y, además, dar cumplimiento a la normativa medioambiental con la construcción de los nuevos emisarios submarinos.
Con ese fin, ambas instituciones acordaron revisar los proyectos que ya están redactados y sus presupuestos, para dar prioridad a la construcción del emisario de Bocabarranco y a la ampliación de la depuradora de Jinámar, como ha expuesto Hidalgo tras el encuentro mantenido con el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero.
Según la nota, el responsable autonómico se ha comprometido a estudiar diversas vías de financiación y avanzó que las partidas provendrán de fondos europeos o del convenio suscrito con el Estado, que expira en 2017.
“Son obras que no se pueden hacer en un año, tienen que ser plurianuales, pero esperamos empezar en 2016 con el proceso de licitación”, ha agregado Quintero.
Con una capacidad para depurar 5.000 metros cúbicos al día, la depuradora de Jinámar trata las aguas residuales de más de 35.000 vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Brígida y Valsequillo, mientras que la instalación de Bocabarranco atiende los caudales generados por 39.000 habitantes de Guía y Gáldar.
El emisario submarino previsto en esta última zona norteña prestará servicio a la depuradora de Bocabarranco y a dos desaladoras próximas que abastecen a las poblaciones de Santa María de Guía, Gáldar y Agaete y a los agricultores de la comarca.