El Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha archivado la denuncia que interpuso Intersindical Canaria contra el director de Gobierno de Presidencia y Seguridad del Ayuntamiento, Claudio Alberto Rivero; el director general de Recursos Humanos, José María Cabrera, y Juan Fernando Fariña, administrador único de Estrategia y Gestión Pública, en relación a la adjudicación a esta empresa de un contrato de 62.790 euros para la elaboración del Plan de Ordenación de personal.
La cúpula de Recursos Humanos del consistorio capitalino y el asesor externo permanecían imputados por tráfico de influencias desde el pasado 29 de noviembre. En el auto notificado a las partes este jueves, el magistrado concluye que no existen indicios de la comisión de este delito porque no se ha podido probar ni la “estrecha amistad” entre Cabrera y Fariña ni la existencia de “maniobras o actuaciones tendentes a la adjudicación fraudulenta” a la sociedad administrada por el segundo.
En su denuncia, el sindicato sostenía que a adjudicador y adjudicatario les une una relación profesional y de amistad y que, por lo tanto, el primero debió abstenerse en el procedimiento que concluyó con el encargo al segundo para la realización, entre otras tareas, de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento.
IC presentó en el procedimiento una serie de documentos, entre los que se encontraban contratos suscritos entre Cabrera y Fariña en otras administraciones, su participación conjunta en la elaboración de un capítulo de un libro o la coincidencia en varias jornadas sobre la materia, entre ellas una organizada por el propio Ayuntamiento.
El juez remarca en la sentencia que en Canarias “no existe un amplio elenco de expertos en materia de administración local, con lo que no resulta extraño, infrecuente o inhabitual la concurrencia de ambos en los mismos foros docentes”.
Por otra parte, el magistrado se apoya en los testimonios de Rivero, Cabrera y del jefe de servicio de Contratación del Ayuntamiento, Telesforo Fuentes, que declaró en calidad de testigo. El director de Gobierno de Presidencia y Seguridad manifestó que no mantenía relación alguna con Fariña, que lo conoció cuando terminó el proceso de adjudicación del contrato y que fue él quien tomó la iniciativa de promover el expediente administrativo.
Cabrera, por su parte, definió su vínculo con el asesor como “puramente profesional” y aseguró haberle conocido después de que lo nombraran director general de Recursos Humanos del Ayuntamiento.
El jefe de servicio de Contratación afirmó que la tramitación del expediente se desarrolló con regularidad y que el procedimiento elegido ?negociado sin publicidad- fue el adecuado, aunque reconoció que puso reparos al pliego de condiciones técnicas elaborado por Cabrera, algunos de los cuales fueron subsanados.
Además, Telesforo Fuentes ratificó la versión de los imputados en relación a la forma en la que se redactó la propuesta de gasto aprobada por el director de Recursos Humanos 20 días antes de dirigirse a las otras tres empresas a las que se cursó invitación. El testigo aclaró que este impreso “se va confeccionando o rellenando de forma sucesiva” y que “el casillero donde se recogen los datos del adjudicatario se completa al final del proceso, una vez efectuada la adjudicación, y ello a pesar de que la fecha que aparece en diversas partes de aquel, tanto de forma manuscrita como mecanografiada, sea la misma”.
Fuentes admitió que Claudio Rivero llamó por teléfono en diversas ocasiones al funcionario encargado de tramitar el expediente “dándole prisa” para que lo cursara con la máxima agilidad, lo que provocó una queja del testigo ante el concejal de Contratación. A pesar de ello, el jefe de servicio ha negado que esta actuación de Rivero le haya generado una situación de “incomodidad o presión”.
Por último, el magistrado rechaza el argumento esgrimido por el sindicato sobre la existencia en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de personal cualificado para la elaboración del Plan de Recursos Humanos y da por buena la exposición de Rivero y Cabrera, que afirmaron que sólo había dos personas en la corporación que podían asumir esta labor y que uno de ellos estaba pendiente de jubilarse y, de hecho, falleció el año pasado.
Intersindical Canaria podrá interponer en el plazo de tres días un recurso de reforma contra el sobreseimiento provisional y el archivo definitivo de las actuaciones.