La Asociación Canaria de Empresas de Eventos Deportivos, EVENSPORT, ha reclamado este martes al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) que le pague 285.000 euros de compromisos asumidos en materia de patrocinio de eventos deportivos ya celebrados.
Estas deudas, asegura EVENSPORT en un comunicado, comprometen la “supervivencia de los más de 1.000 puestos de trabajo que, de manera directa o indirecta, generan estos eventos”, haciendo además que las empresas se encuentren en una situación “delicada y en medio de un contexto de cancelación de pruebas”.
Asimismo, la asociación indica que se trata de una situación que “no afecta solo” a las empresas organizadoras de eventos deportivos, sino también a proveedores de servicios asociados a estos “grandes eventos, alrededor de 20 empresas por cada prueba”.
En concreto, los actos a los que se refiere son algunos de transcendencia internacional, tales como la Maspalomas Open Water, la Gran Canaria Bike Week o la Transgrancanaria.
Al respecto, desde EVENSPORT se expone que “de hecho San Bartolomé de Tirajana suscribió estos acuerdos de patrocino en busca de repercusión para el municipio y el destino turístico” pero “más de dos años después de haberse realizado no se han cumplido los compromisos de abono de las cantidades acordadas”.
En este tiempo, añade el comunicado, las empresas organizadoras “han soportado mientras tanto todos los costes asociados a estos eventos y pagado a los proveedores de servicios a pesar del sablazo por parte de la administración municipal, a costa de sus cuentas de resultados”.
El gerente de EVENSPORT, Tanausú Zumaquero-Nuez, ha señalado que “no es de recibo la situación a la que se han visto abocadas las empresas organizadoras de eventos deportivos debido a un problema administrativo” de un ayuntamiento, por lo que entiende que lo que debería hacer el grupo de gobierno municipal “es subsanar esta situación y abonar las cantidades adeudadas para no generar más problemas en empresas y proveedores”.
Finalmente, ha afirmado que EVENSPORT no descarta emprender acciones legales para defender sus derechos.