La joven propinó un puñetazo a la profesora que la hizo caer al suelo
Insucan gestiona 5 casos de violencia a educadores en las islas
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 (EUROPA PRESS)
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha dictado la primera sentencia firme en España que condena a una menor y a sus padres a indemnizar solidariamente con 3.000 euros por un delito de atentado a funcionario público, ya que la alumna, que entonces tenía 15 años de edad, propinó un puñetazo a una profesora del Instituto de Enseñanza Secundaria de Teror (Gran Canaria), que la hizo caer al suelo.
La Sala estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de la acusada contra la resolución del 23 de diciembre de 2009 del Juzgado de Menores número 1 de la capital grancanaria, revocando parcialmente dicha resolución en el único sentido de rebajar de 8.475 a 3.000 euros la indemnización a percibir por la docente María Esther Rodríguez por el daño moral ocasionado.
La sentencia ha sido dada a conocer en rueda de prensa por el sindicato de docentes Interinos y Sustitutos de Canarias (Insucan), que resalta que, en lugar de que estos hechos se siguieran considerando como faltas, una menor y sus padres, de forma solidaria, han sido condenados “por primera vez en España” por aplicación de los artículos 550 y 551-1 del Código Penal, que reconoce que “son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas”.
De este modo, la resolución declara probado que el 29 de octubre de 2008 cuando, sobre las 09.25 horas, Esther Rodríguez estaba desarrollando funciones de profesora de guardia y encontró en uno de los pasillos del centro a dos menores, a quienes interrogó sobre el motivo por el que no se encontraban asistiendo a clase.
En este momento, una de ellas le respondió ofensivamente, ante lo cual la profesora le contestó que no le faltase el respeto, momento en el que la chica empezó a gritar. Ello provocó la salida al pasillo de la profesora de ambas menores que acudió en busca del jefe de Estudios. Las dos jóvenes entraron en clase a petición de María Esther Rodríguez y, por último, una vez dentro, una de ellas le propinó un puñetazo que la hizo caer al suelo.
La Sala estima justificado que el período de incapacidad impeditiva de la perjudicada (fijado en cinco días en el primer informe forense) se ampliase a 52 días en el segundo informe, como consecuencia del tratamiento ansiolítico y antidepresivo para tratar la reacción aguda a estrés apreciada por el médico de cabecera. Sin embargo, no ve acreditada la secuela de trastorno depresivo reactivo en grado leve-moderado, apreciada por el médico forense.
El portavoz de Insucan, Ernesto Perera, advirtió de que desde 2005 el sindicato ha abordado “innumerables” casos “tan graves como éste, pero que han sido considerados como faltas”.
SENTENCIA “EJEMPLARIZANTE”
Por su parte, para el coordinador general de Insucan, José Ángel Amador, ésta es una sentencia “ejemplarizante” y que “sienta jurisprudencia” a nivel nacional. “Si ella no hubiera sido menor hubiera estado en la cárcel”, subrayó.
Aclaró que la organización no está pidiendo el reconocimiento de autoridad docente, al creer que “ya con el artículo 550 se recoge el reconocimiento de autoridad que necesitan los docentes cuando ejercen su función”.
Hizo especial hincapié en que la sentencia condena de forma solidaria a los padres de la acusada, quienes promovieron un contrato de trabajo a la menor en una de las empresas en las que trabajaban para “librarse” de la responsabilidad subsidiaria en el pago de la sanción económica, pero “el juez no cayó en el juego”.
Según el dirigente sindical, la agresión de la menor “es una situación aislada, pero que crea una distorsión en el sistema educativo público”.
Igualmente, recordó que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias también fue demandada por la docente por “no haber cumplido la obligación de proteger a todos los trabajadores” ni ofrecer asistencia letrada ni psicológica.
EDUCACIÓN “MALTRATA A LOS DOCENTES”
A este respecto, evocó que Insucan ha demandado a la Consejería que se regulase un Protocolo de Actuación para los Casos de Agresiones al Personal Docente que finalmente fue publicado en el BOC del 31 de diciembre de 2009.
Pero advierten de que la demanda de asistencia letrada y psicológica a todo docente agredido y/o intimidado no ha sido atendida, cosa que sí ha realizado la Consejería de Sanidad con la firma de un convenio con los Colegios de Abogados de Canarias.
De hecho, el sindicato señaló que tras una reunión con el fiscal jefe de Canarias, Vicente un Garrido, se firmó un convenio para que ante toda agresión que se cometa en un centro se persone la Fiscalía como acusación.
Entienden que para la Consejería “no ha sido prioritario la protección de los docentes” y por eso aseguran que este departamento “maltrata a los docentes porque no les da la suficiente protección que deben tener”.
También denunciaron que otro sindicato ha creado una entidad llamada Defensor del Docente que, según Insucan, “no tiene ninguna competencia ni administrativa ni judicial y eso provoca una distracción”.
De este modo, Amador recordó que las personas agredidas “sólo pueden acudir al Protocolo de Actuación de la Consejería o denunciar directamente en los juzgados”.
PERFIL DE LA AGRESORA
Cuestionado acerca del perfil de la menor condenada, el coordinador general de Insucan explicó que era hija de “personas con titulación universitaria y situación económica estable”, si bien reiteró que no existe un perfil definido del supuesto agresor, ya que “pueden ocurrir tanto por parte de hijos de padres con titulaciones o de zonas desfavorecidas”.
Amador mostró su preocupación porque “no se permita dar la actividad docente en una situación pacífica” y subrayó que el Protocolo de Actuación de Educación “sólo recoge casos de agresiones físicas, pero no cuando hay acoso e intimidación grave”.
Recalcó la necesidad de que la Consejería cree un gabinete para atender de forma psicológica a los educadores agredidos y comentó que Insucan, creado en 2002, gestiona actualmente cinco denuncias por agresiones de menores a profesores en centros educativos de Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife, además de denuncias por agresiones a vehículos.