Los informes jurídicos elaborados por el Consejo Consultivo de Canarias ratifican la constitucionalidad de los recortes decretados por el Gobierno central en materia sanitaria cuyo objetivo es reducir el déficit de 16.000 millones y ante la necesidad de racionalizar el coste y conservar la viabilidad del sistema. El organismo consultor no cree que se vea afectado el derecho a recibir esta prestación o que en todo caso se hace de forma “material e hipotética”.
Con respecto a la negativa a atender a inmigrantes en situación irregular se estima que la decisión “puede ser criticable desde la perspectiva de la equidad o justicia, pero se trata de una lícita medida de opción política, no arbitraria que no quiebra la igualdad ante la ley al tomar como razón de la distinción situaciones distintas que hacen concluir en una diferencia de trato pero sin llegar a ser discriminatorio”.
Según el Consultivo limitar la Sanidad a los ciudadanos que no estén regularizados no supone una discriminación sino garantizar la conservación de bienes constitucionalmente recogidos y además se recuerda que sí se reconoce la obligación de atender a este grupo de personas en caso de accidentes o enfermedades graves.
Se recuerda que el Estado también ostenta las competencias en materia farmacéutica y por eso se avalan las medidas que se han tomado para regular el sectory que afectan a todo el territorio nacional. Sin embargo, el presidente del Consejo, Carlos Millán Hernández, emitió un voto particular al discrepar entre otras cuestiones de la capacidad que se le da al sistema para acceder a datos personales protegidos por la ley sin contar con el consentimiento previo de los pacientes. Esta es la única manera de poder fijar la cuantía que se debe abonar para adquirir productos farmacéuticos.
En cuanto a los recortes en materia de Educación, el Consultivo estipula que no se justifican apelando a la situación “de extraordinaria y urgente necesidad” plasmada en el Real Decreto. Al respecto se recuerda que Canarias ostenta competencias en esta materia y por ello no se explica que el Estado pretenda regular aspectos como la jornada o días lectivos en cuanto en realidad se está buscando una ordenación de la actividad docente. Y además, se duda que estas medidas efectivamente vayan a redundar en un ahorro del gasto en Educación, tal y como en teoría se pretende.
Otro informe más del Consultivo determina que efectivamente los recortes aplicados por el Gobierno central para garantizar la estabilidad presupuestaria pueden tener visos de inconstitucionalidad y avalan la presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional (TC). El Consejo ratifica que las comunidades autónomas disponen de autonomía financiera para poder ejercer con todas sus consecuencias esta competencia. Sin embargo, se recuerda que ya el TC determinó que existen límites como es el de coordinación con la Administración central para garantizar la estabilidad presupuestaria. El organismo consultivo efectivamente cree que se limita la libertad de las comunidades autónomas para participar en las decisiones económicas del Estado en los asuntos que le afectan y pone en solfa que el Consejo de Ministros de forma unilateral determine los límites de estabilidad presupuestaria y deuda pública.
Descarta, sin embargo, que sea inconstitucional que Hacienda no consulte al ejecutivo autónomo a la hora de fijar los límites de endeudamiento y poner cerco a la concesión de subvenciones o suscripción de convenios.
Otro tanto ocurre con la introducción del término “riesgo de incumplimiento” que Canarias considera muy indeterminado aunque el Consejo cree que las dudas se solventan al recogerse la posibilidad de acceder a audiencia previa. También se estiman constitucionales las medidas extraordinarias para garantizar la estabilidad presupuestaria, entre las que está otorgar un plazo de quince días para que el presidente del ejecutivo autónomo les dé cumplimiento obligado. Tampoco se ve anticonstitucional la prorrogación de los presupuestos ya que no se cierra la puerta a que las comunidades autónomas puedan elaborar a continuación sus cuentas.
Sí se ve, sin embargo, que va contra la Constitución la traslación sin más de medidas europeas o la vulneración de determinados aspectos de la autonomía financiera y se concluye que la Ley Orgánica que fijó los recortes se inmiscuye en materias que le son vedadas. El consejero, Alfredo Belda, designado por Coalición Canaria (CC) emitió un voto particular en contra de las extremos que no se consideraban inconstitucionales.
Los reproches del Gobierno se dirigían a 9 artículos de la Ley Orgánica aprobada el pasado año y a las disposiciones segunda y tercera de las medidas para la Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Loep), al considerar que vulneraban la autonomía financiera del ejecutivo autónomo recogidas en la Constitución. El Estado, por su parte, mantenía que el objetivo no era otro que garantizar la sostenibilidad económica y social del país y además dar cumplimiento a los compromisos adoptados ante la Unión Europea (UE). Para ello se fijaban límites en los déficits que debería soportar cada comunidad autónoma. Canarias, sin embargo, argumenta que los artículos deben ser cuestionados en cuanto que fijan los déficits y la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) basándose en datos de la UE.
También echan en falta que no se les haya consultado a la hora de fijar las cifras de endeudamiento de forma individualizada y condicionar la concesión de subvenciones o suscripción de convenios a lo que dictamine el Ministerio de Hacienda. “Todo ello implica que el Gobierno central pasa de convertirse en una entidad coordinadora como venía ocurriendo hasta ahora a vulnerar la autonomía financiera de cada una de las comunidades”, sostiene Canarias. Considera también el Gobierno del Archipiélago que las medidas coercitivas que se imponen son discrecionales y se basan en criterios “indeterminados”. Y todo ello además, se hace sin contar con un marco legal que soporte estas atribuciones, al igual que ocurriría con la comisión de expertos que deberá supervisar el cumplimiento de la Ley Orgánica. El Consejo de Gobierno de la pasada semana decidió interponer los recursos ante el Tribunal Constitucional.