El que fuera durante casi dos décadas jefe de prensa del Partido Popular de Canarias, y mano derecha del exministro José Manuel Soria en materia de comunicación, Juan Santana, tendrá que devolver al Ayuntamiento de Santa Lucía (Gran Canaria) 6.800 euros que ya ha cobrado como parte de un contrato en el que incluyó una declaración jurada en la que manifestaba falsamente estar en posesión de la licenciatura de Ciencias de la Información, una de las exigencias del pliego de condiciones. El grupo de gobierno en la Corporación iniciará este viernes el expediente de anulación del contrato y la reclamación de la cantidad y, a propuesta de la interventora municipal, deberá llevar el caso a los tribunales de justicia por si se hubiera cometido un delito de falsedad por parte del locutor.
Juan Santana Hernández firmó el pasado 11 de septiembre de 2020 un contrato por importe de 15.850 euros (IGIC incluido) con la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A., conocida como el Ateneo Municipal, por el que se le encomendaban tareas como la elaboración de un resumen de prensa, la elaboración de notas de prensa, la gestión de redes sociales, la cobertura de eventos de interés para su difusión, la elaboración de noticias multimedia, el asesoramiento en estrategias de comunicación y la asistencia a reuniones.
En total, Santana ha girado al Ayuntamiento tres facturas por un importe bruto de 4.000 euros cada una, pero hasta el momento de decretarse la nulidad del contrato sólo ha cobrado dos. Tendrá que devolver solo la cantidad cobrada una vez descontada la retención del 15% de IRPF, es decir 6.800 euros.
Su nombre fue propuesto por el primer teniente de alcalde, Marcos Rufo, quien, además de concejal en Santa Lucía, es el gerente del Partido Popular de Canarias. Rufo ha reconocido a este periódico que el de Santana fue uno de los nombres que dio cuando se le preguntó si conocía a algún periodista que reuniera las condiciones exigidas para el puesto. Pero ha negado rotundamente que la propuesta la formulara a petición de la presidenta regional del PP canario, María Australia Navarro, interesada en encontrar una remuneración para Juan Santana dada la situación de precariedad económica que atraviesa desde que perdió los puestos de trabajo que tuvo durante casi veinte años vinculados a José Manuel Soria. Navarro ha mantenido la misma negativa a preguntas de este periódico.
El exministro de Industria abandonó la política en la primavera de 2016 al verse implicado en los papeles de Panamá y descubrirse que mantenía empresas y cuentas corrientes en paraísos fiscales. Personas como Juan Santana, que dependieron laboralmente de él durante mucho tiempo, empezaron a sufrir a partir de ese momento problemas de reinserción laboral.
En el caso concreto de Juan Santana, sus problemas para regresar a ocupaciones ajenas a los sueldos públicos –entró al servicio de Soria a finales de los 90– le llevaron a girar facturas por servicios no prestados a empresas canarias durante 2017 y 2018 para poder complementar el seguro de desempleo de 980 euros que, según confesó él mismo públicamente, era el único ingreso que entraba en su casa. Eran empresas y empresarios a los que conoció durante el ejercicio de su puesto de confianza junto al exministro popular. Uno de esos empresarios confesó sentirse coaccionado por la petición de Santana, lo que le obligó a mantener un pago de 1.200 euros al mes durante un año sin contraprestación laboral alguna. Cuando lo cortó, Santana comenzó a atacarle ferozmente en el programa de radio que mantiene en Radio Las Palmas, la asociada local de la ultraconservadora esRadio, de Federico Jiménez Losantos.
Porque, simultáneamente al cobro de esas facturas ilegales y la prestación por desempleo, el locutor dirigía y presentaba un programa radiofónico, lo que motivó que la Seguridad Social abriera un expediente a él y a la empresa propietaria de la emisora y acabara proponiendo una sanción de 18.000 euros, además de la devolución de las prestaciones cobradas hasta aquel momento.
A pesar de que el contrato con el Ayuntamiento de Santa Lucía, ahora en trámite de anulación, fue suscrito en septiembre pasado, el grupo de gobierno, una alianza entre Fortaleza (marca local de Coalición Canaria), Nueva Canarias y el Partido Popular, descubrió este mes de enero que el locutor había declarado falsamente estar en posesión de una licenciatura de Ciencias de la Información, que se recoge en las bases para la contratación del servicio requerido.
Pero además de las irregularidades detectadas en la propuesta de Juan Santana, el consistorio ha reconocido que la calidad del servicio que venía prestando el locutor se alejaba bastante de los estándares exigidos. Las pocas notas de prensa que redactó y envió tuvieron que ser corregidas por la concejala de Cultura ante clamorosas faltas gramaticales. La disconformidad con el resultado de su trabajo llegó a tal punto que cesaron los encargos, lo que él trató de mitigar invitando a concejales del grupo de gobierno a su programa de radio. Sólo accedieron dos, según fuentes municipales, antes de que se prohibiera aceptar esas entrevistas.
Juan Santana ha declinado ofrecer su versión a este periódico, solicitada formalmente el miércoles.