El concejal de Movilidad Ciudadana y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sabroso, ha confiado este martes en que el Tribunal Constitucional pondrá freno al derribo de la Biblioteca estatal de la ciudad capitalina, que ha sido reafirmado por el Tribunal Supremo, tras inadmitir un recurso municipal.
En la sentencia hecha pública en julio de presente año, el Supremo señala que la instalación, construida en la época en la que el actual ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ocupaba la Alcaldía del Consistorio, es contraria a las disposiciones urbanísticas, elimina zonas verdes y cuenta con una pantalla arquitectónica que cercena las vistas del litoral.
Sabroso asegura que el Consistorio cuenta con “una batería de argumentos sólidos y contundentes” para que el Constitucional declare nula la orden de demolición y asegura tener “muchas esperanzas de que sea aceptado, porque es de pleno sentido común lo que el Ayuntamiento está pidiendo, como coincide el resto de la sociedad y de las administraciones públicas”.
Asimismo, señala en declaraciones a Cadena Ser que el recurso de amparo se basa en aspectos fundamentales, como el sacrificio de los derechos y valores constitucionales del acceso a la educación y la cultura que supondría el derribo de la instalación. En ese sentido, recuerda que la Sentencia del Supremo cuenta con el voto particular de varios magistrados que no aceptaron la tesis de la demolición.
Sin embargo, El Supremo entiende que el derribo hace prevalecer “el valor superior de la Justicia, que conlleva el cumplimiento de las sentencias firmes como manifestación del derecho a obtener la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales”.
El recurso de amparo pide que se retrotaigan las actuaciones al momento anterior al pronunciamiento del Supremo sobre el recurso de casación y que los magistrados establezcan una compensación económica a los propietarios del edificio San Telmo, según informa el Canarias7.
Un conflicto de largo recorrido judicial
El Ayuntamiento otorgó en 1997 la licencia para edificar esta biblioteca en base a un proyecto del Ministerio de Cultura, siendo Soria alcalde de la capital grancanaria y presidente del PP canario, y concejal de Urbanismo Jorge Rodríguez Pérez. Como quiera que la ley exigía entonces que se elaborara un plan especial para desarrollar esa parcela, sometida a la calificación de sistema general en el Plan General de 1989 y tal prescripción se incumplió, la licencia fue declarada nula por el TSJC en 2002 y ratificada por el Supremo en 2006.
El Ayuntamiento alegó que la sentencia era inejecutable, pero los vecinos de la zona volvieron a recurrir al Supremo, que a finales de 2010 volvió a ratificar su resolución y declaró nula la ordenación de la parcela sobre la que se construyó el edificio, al reconocer que su aprobación respondía a la intención del Consistorio de eludir el cumplimiento de una sentencia anterior.