El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no sabe cómo debe ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que ratificaba la anulación de la compraventa del frente de playa de Las Teresitas. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, confirmó este jueves que los servicios jurídicos están estudiando cómo se debe ejecutar el fallo del Supremo.
En declaraciones a ACN Press, el alcalde rehusó hablar del asunto “hasta que el Ayuntamiento actúe como tiene que ser”. En ese sentido, aclaró que “cuando los servicios jurídicos tengan todo y digan ”esto es así“, haremos una rueda de prensa y anunciaremos que el Ayuntamiento ha ejecutado la sentencia”.
Se da la circunstancia de que la sentencia se debe cumplir en un plazo de dos meses, que expira en julio, tal y como recordó el magistrado del Tribunal Supremo y uno de los ponentes de la primera sentencia que anuló la compra-venta de las parcelas de Las Teresitas, Rafael Fernández Valverde, quien declaraba hace una semana a ACN Press que esta nueva sentencia está “muy clara”.
En teoría, esto supone que Inversiones Las Teresitas ILT debe devolver los 52 millones que le pagó el Ayuntamiento, y éste devolver a la empresa, participada por Ignacio González y Antonio Plasencia, las parcelas que adquirió. Fernández-Valverde recordó que por ley, las sentencias del TS deben cumplirse antes de los dos meses de su publicación, lo que supone que el plazo para su cumplimiento expira el próximo 21 de junio.
Sin embargo, el Ayuntamiento aún no se ha pronunciado al respecto y su alcalde, Miguel Zerolo, se ha limitado a informar de que los servicios jurídicos están estudiando el alcance de esta sentencia y que, no obstante, hará lo que estos le digan, “como no puede ser de otra manera”.
Historia de un ''pelotazo de libro''
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la sociedad ILT llegaron a un acuerdo en septiembre de 2001 por el que ésta última vendía 11 parcelas del frente de playa de Las Teresitas por 52,5 millones de euros, compraventa que fue anulada por el TS en sentencia de mayo de 2007 al constatar que no se había realizado tasación por parte del arquitecto municipal.
Ante esta anulación, el Ayuntamiento presenta escrito para que se declare la imposibilidad de ejecución de la sentencia o fijar una nueva tasación, a lo que el TSJC accede en su auto de noviembre de 2007, “extralimitándose” en sus funciones a tenor de la sentencia hecha pública a finales de abril de 2010 por el TS y que ratifica la anulación de la compraventa.