Compromiso por Gran Canaria (CGC) ha exigido al Gobierno de Canarias el pago inmediato de las prestaciones a las más de 6.000 familias canarias que tienen reconocido ese derecho por atender a personas con discapacidad y a mayores dependientes, “y que no sólo están pendientes de su abono sino que además sufren la incertidumbre de poder percibirlas algún día, ya que el propio Ejecutivo con sus continuas e interesadas contradicciones está contribuyendo a la desesperación de los afectados”.
En un comunicado, la presidenta del partido, Nardy Barrios, acusó al Gobierno de Paulino Rivero de “inhibirse” de sus obligaciones al no aplicar la Ley de Dependencia, responsabilizando de ello a otras administraciones y con pronunciamientos contradictorios entre los propios consejeros del Ejecutivo canario con la finalidad de confundir a la opinión pública.
“Una vez más, el Gobierno canario amparándose en la crisis económica recorta los servicios destinados a las personas más desfavorecidas económica y socialmente, mientras sigue adelante con proyectos innecesarios como la Policía Autónoma o no reduce ni un sólo euro de las partidas dedicadas a mantener a la legión de cargos políticos y de confianza que viven a costa de los contribuyentes”, denunció.
Según la presidenta de CGC, la solución a la situación que atraviesan las familias con discapacitados y mayores dependientes a su cargo pasa porque el Gobierno de Canarias transfiera a los cabildos la gestión de la Ley de la Dependencia.
Al respecto, reiteró la propuesta de su partido de acometer una nueva organización administrativa que contempla como órgano fundamental de la Administración pública canaria a los cabildos insulares en los que quedarían depositadas todas las competencias, dotándoles con los suficientes recursos humanos y económicos para que las desarrollen, “como en realidad lo vienen haciendo desde el principio de la instauración de la autonomía”.