El portavoz de Unidos por Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, ha confiado hoy en que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), corrija “el error cometido” por su antecesor, Paulino Rivero, y no recurra la sentencia que obliga a declarar como BIC el Oasis de Maspalomas.
En declaraciones a los periodistas, Bravo de Laguna, que fue quien instó a esa declaración cuando fue presidente del Cabildo, ha expresado su satisfacción por el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula el decreto que rechazó la declaración de BIC (Bien de Interés Cultural) en la categoría de Sitio Histórico y Paisajístico de la zona del Oasis de Maspalomas.
A su juicio, esta sentencia, supone una “gran oportunidad de corregir el error cometido durante la presidencia de Paulino Rivero”, por lo que espera que no se recurra ante el Tribunal Supremo y se reconozca la calificación de BIC que merece la zona como propuso el Cabildo de forma unánime.
“El Gobierno de Canarias debe dar un paso” y el Cabildo también, en el sentido de elaborar una plan especial de la zona que “zanje los problemas que se suscitan en ese núcleo” y que cree que se pueden resolver, ha apuntado.
Bravo de Laguna ha señalado también que la propuesta de BIC formulada no afectaba directamente al hotel Oasis Maspalomas, cuyos propietarios (la cadena Riu) pretendían derribar y reconstruir, pero tenía que ser compatible con el entorno, que conviene preservar como uno de los valores históricos que tiene Gran Canaria.
Ha recalcado que siempre apeló “a la negociación con la propiedad privada y esa es la vía que se debe seguir”.
Bravo de Laguna ha felicitado a los servicios jurídicos del Cabildo y a los técnicos por los informes que acompañaban la propuesta de BIC, que ha dicho que siempre sostuvo que era el expediente “más completo que se había hecho nunca en la historia de Canarias y, desde luego, del Cabildo de Gran Canaria”.
Según Bravo de Laguna, la decisión del Gobierno de Canarias de 2014 fue “profundamente injusta” porque, normalmente, el Ejecutivo aprueba las propuestas de BIC de los cabildos.
Además, ha recordado que hubo un proyecto de ley de patrimonio histórico en el que se proponía que fueran estas corporaciones las que tuvieran la competencia plena en esa materia, para que cada Cabildo decidiera sobre los espacios o monumentos que merecen esa calificación.