La juez del caso Patronato, una investigación abierta en Fuerteventura por los presuntos pagos de vacaciones a altos cargos nacionales del PP con dinero público, entre ellos al actual secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos Gallego, ha reclamado al Cabildo de la isla más facturas del Patronato de Turismo susceptibles de haber sido falsificadas, a raíz de los testimonios aportados por funcionarios de la Intervención General y del propio Patronato.
Así figura en un reciente oficio judicial de la juez María Francisca Fustero Aznar, librado el 14 de marzo para la remisión al Juzgado de los expedientes de gastos del Patronato que durante la etapa del PP, con su presidenta insular y diputada autonómica, Águeda Montelongo, al frente, fueron denegados por la Intervención General de la administración majorera, al menos en 2010.
La decisión de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Puerto del Rosario se fundamenta en las declaraciones que, como testigos, evacuaron una serie de funcionarios del Patronato y del Cabildo meses atrás. En ellas relataron a la instructora los procedimientos para dar buenas o tirar para atrás las facturas del Patronato. Y de esas declaraciones hay indicios de la existencia de más pagos rechazados, por parecerles extraños al interventor accidental.
Fue en mayo de 2011 cuando, por medio de una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) del exvicepresidente del Cabildo majorero Guillermo Concepción, se abrió este caso que implicó, mediante nombres falsos y eventos turísticos no realizados, al ahora secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos Gallego y al también diputado nacional Ramón Moreno Bustos, al senador del PP por Toledo Tomás Burgos Beteta y al diputado canario y exsecretario regional Manuel Fernández.
En el caso de Tomás Burgos Gallego y Ramón Moreno Bustos, después de acudir a la isla a dar una charla del partido sobre pensiones a mayores en la Universidad Popular, se hospedaron el fin de semana del 10 al 13 de abril de 2010 en el Sheraton, pero a la hora de emitir sus facturas por valor de 346,50 euros a nombre del Patronato de Turismo, sus identidades fueron trucadas por la de dos supuestas periodistas de la inexistente revista alemana Berlín ZDF, aunque en realidad los nombres falsos respondían a los de una actriz de culebrones y una manager musical, como desveló hace tdos años este periódico.
En cuanto al senador castellano-manchego Tomás Burgos Beteta, sus vacaciones de Semana Santa de aquel 2010 fueron pagadas por el Patronato, que se hizo cargo de las facturas giradas por el hotel Faro de Jandía, por su estancia, junto a su esposa, entre el martes 30 de marzo y el sábado santo 3 de abril. El coste de la estancia fue de 560 euros y en todo el proceso de tramitación de facturas, menos en la primera de todas, se ocultó su nombre. En esta ocasión el gasto público también se realizó después de acudir a la isla a un acto del partido.
La tercera tanda de facturas camufladas por la cúpula del PP de Fuerteventura cuando dirigía Turismo fue por el alquiler de un coche para el diputado autonómico y entonces secretario general del PP canario Manuel Fernández. Fueron 92,82 euros de un Opel Astra gris utilizado por el político durante un fin de semana, del 26 al 29 de noviembre de 2009, en el que se celebró el Congreso insular del partido, pero ese gasto fue falsificado como si fuera el de un periodista de touroperador danés, entre el 24 y el 27 de enero de 2010.
El caso de las facturas falsas del Patronato de Turismo de Fuerteventura provocó la ruptura definitiva de la relaciones entre CC y PP en la isla majorera, al despedir el presidente del Cabildo, Mario Cabrera (CC) al gerente del Patronato, Jota Cabrera, hombre de confianza del PP, y retirar las competencias en Turismo a Montelongo, ya en el inicio de la última campaña electoral.
La repercusión del escándalo motivó que el actual ministro de Industria, Energía y Turismo y presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, explicara que todo se debía a un error. Los indicios, ahora, han llevado a la juez a desempolvar los archivos del Cabildo en busca de más casos similares de utilización del dinero público para gastos personales o de partido.