Quevedo amenaza con ir a los tribunales
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 (EUROPA PRESS)
El consejero de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Quevedo, denunció este jueves que el Gobierno de Canarias no ha presupuestado el suficiente dinero para hacer frente a la nómina de diciembre y a la paga extra de ese mismo mes de 170 trabajadores de la comunidad autónoma que desarrollan su actividad en centros gestionados por el Cabildo. Por lo que aseguró que el Ejecutivo autonómico “no paga a su propio personal”.
Se trata de 145 empleados de la Residencia de Taliarte, 15 del centro Reina Sofía, en El Lasso; y otros 6 empleados del servicio central, informó Quevedo en un comunicado.
Dado que son empleados del Gobierno de Canarias sus salarios deben ser abonados por esta institución. Sin embargo, el recorte que el Ejecutivo canario ha realizado en las transferencias al Cabildo de Gran Canaria en las cuentas de 2010 pone en riesgo el pago de su nómina de diciembre y de la paga extra.
Quevedo indicó que el Gobierno canario ha recortado en un 8,4% los capítulos I, II y VI, pago de personal, gastos corrientes e inversiones, respectivamente. En el caso del capítulo I supone un déficit de 331.067 euros que “el Cabildo de Gran Canaria no puede afrontar”.
“MENOS CON LA QUE ESTÁ CAYENDO”
El consejero aseguró que “no es admisible que el Cabildo financie al Gobierno de Canarias y menos tratándose de personal laboral de la comunidad autónoma”. “La institución insular no puede afrontarlo y menos con la que está cayendo”, sentenció.
En el caso del capítulo II la suma que se ha dejado de pagar por parte del Gobierno canario asciende a 1.486.871 euros. Este dinero se destina al pago de gastos corrientes; comida, agua, luz, teléfono. Otros 190.967 euros se adeudan en concepto de inversiones, que se destina al mantenimiento y mejora de las infraestructuras.
En total, 2.008.905 euros que la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario ha dejado de transferir al Cabildo en 2010 para el mantenimiento de un centro que es propiedad del Ejecutivo autonómico. Quevedo señaló que han sido reiteradas las solicitudes para solucionar este déficit y que no ha encontrado respuesta por parte del Gobierno, por lo que se plantea llevar “también” este asunto ante los tribunales.
Otro caso es el déficit del capítulo II. “No vamos a tolerar que los usuarios de los centros pasen necesidades”, afirmó en relación a que sí se puede negociar con los proveedores el aplazamiento de la deuda.
Sin embargo, “no se puede decir a los trabajadores que esperen a que un juez decida la solución para que cobren sus nóminas”, consideró. Por esta razón, para Quevedo, éste “es el litigio más urgente aunque no el más grave” entre ambas instituciones.