“Nos van a tener radicalmente en contra”, ha expresado el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, durante una rueda de prensa convocada de urgencia este jueves después de que el Consejo de Ministros del miércoles aprobara el Decreto-ley 6/2022 para hacer frente al impacto económico de la crisis de Ucrania en el que se incluyó, en su disposición final cuarta, una liberalización de la instalación de regasificadoras en las Islas.
“Esto se hace por la puerta de atrás, en un decreto que no tiene nada que ver con lo que se plantea. El Estado pretende meternos un gol por toda la escuadra”, ha señalado Morales, quien asegura que ya se han encargado los informes jurídicos para estudiar y valorar “las decisiones que correspondan para parar este despropósito”. Morales, quien se ha opuesto durante sus mandatos a la instalación del gas como alternativa a otros combustibles fósiles, considera “increíble” y “demencial” que el Gobierno de España abra la puerta a la instalación del gas para generar energía.
En este sentido, aclara que no se opone al almacenamiento del combustible “como recurso propio” ni a que empresas como Endesa lo usen trayéndolo previamente en barcos y transformándolo en sus centrales. Pero se opone “radicalmente” a las regasificadoras y a la implantación del gas ciudad, es decir, a sustituir el fuel-oil por este recurso para generar electricidad, con las correspondientes conducciones.
“Es una medida que hipoteca a las renovables y nos pone en manos de un combustible contaminante. Es falso que el gas sea menos contaminante, genera metano, que es 20 veces más inductor del calentamiento global que el dióxido de carbono. No es un combustible limpio ni verde”, ha añadido Morales.
Además, ha remarcado que este combustible proviene de zonas “geoestratégicamente inseguras” que condenan a sus consumidores a la fragilidad. “El gas es en estos momentos el combustible más caro, ha propiciado el encarecimiento del combustible en este país. Se vendía como combustible alternativo de transición, pero está propiciando la crisis energética del continente”, ha subrayado.
Morales también ha acusado al Gobierno de España de actuar en favor de los lobbies energéticos. “No es casualidad que Europa ponga en marcha una medida para declarar como verde la energía nuclear y el gas. Estamos sometidos a una presión de los grandes lobbies energéticos. En este país se desmantelaron las empresas de energía para ponerlas en manos privadas. Y lo estamos pagando en el recibo de la luz, cuando presentan 6.500 millones de ganancias”, ha explicado.
Alternativas al gas en las islas
Ante este escenario, Morales ha reclamado tres ejes de actuación para apostar por las renovables, que son “las alternativas” en las Islas. En concreto, ha exigido “la agilización para la instalación de infraestructuras limpias (…) no se puede tardar seis años en instalar un parque eólico; es necesaria una modificación de la legislación, que las administraciones puedan dar respuestas rápidas a quien quiera instalar placas fotovoltaicas”.
También ha reclamado “que se desbloqueen todas las trabas para el autoconsumo y las comunidades energéticas”, que propician la democratización de la energía: “Es la manera más contundente de democratizar la energía”.
Y, por último, ordenar “urgentemente” la instalación de eólica marina en las aguas de Gran Canaria, para lo cual tiene prevista una reunión con el Gobierno regional para consultar todas las áreas susceptibles para implantar los molinos. “Es necesario que nos demos prisa en esto”, ha añadido Morales.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria ha reconocido que no acaba de entender lo que considera “un despropósito” del Gobierno de España: “Una apuesta por el gas cuando tenemos las renovables mucho más baratas y económicas, que generan energía limpia. Gran Canaria tendrá en cinco años una gran pila de almacenamiento que es el Salto de Chira, fundamental para la penetración de renovables en nuestra tierra. Queremos ser dependientes de renovables, no de combustibles fósiles” y, para ello, resaltó la importancia de poder contar con mayor autogobierno para tomar decisiones que condicionan el futuro de la isla en lugar de acatar las imposiciones de Madrid.