LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 (EUROPA PRESS)
La Caja de Canarias ha negado que las cuentas aprobadas por sus distintos órganos de gobierno hayan sido alteradas o no respondan a la realidad, y ha querido reiterar que todos sus acuerdos y decisiones durante el proceso de integración en Bankia “se realizaron con la debida transparencia y máximo respeto a los procedimientos establecidos y a la legalidad vigente”.
En un comunicado de prensa, la entidad ha explicado que desde la última década las cuentas anuales de La Caja de Canarias “han sido siempre auditadas y han contado siempre con informes de los auditores externos sin salvedades y con informes de los órganos de control, que no reflejaron en ningún momento la existencia de posibles irregularidades”. Es más, ha destacado que La Caja, como entidad financiera, está sometida a inspecciones periódicas del Banco de España.
La Caja de Canarias ha señalado que durante todos los ejercicios ha atendido “puntualmente” las recomendaciones y requerimientos de dicho órgano supervisor, y los auditores “han tenido la oportunidad de verificarlo y reflejarlo en sus informes”.
Ha aclarado, además, que tanto las cuentas anuales como los informes de auditoría y de los órganos de control han sido remitidos en cada ejercicio al Banco de España y a la Consejería de Economía y Hacienda en cumplimiento de la legalidad vigente.
Asimismo, la entidad ha indicado que en la última década “ningún miembro de los órganos de gobierno ha impugnado judicialmente*ningún acuerdo o decisión de sus órganos de gobierno y control, ni existen ni han existido procedimientos sancionadores iniciados ni frente a ellos ni frente a los directivos de la entidad”.
Dada la reciente nacionalización del Banco Financiero y de Ahorros, SA, del que La Caja de Canarias formaba parte como accionista, la entidad ha apuntado que lleva semanas valorando las posibles acciones a emprender para la defensa de su patrimonio. “Dicha valoración se encuentra aún pendiente de culminar”, añade.
La Caja de Canarias ha anunciado que emprenderá las acciones que pudieran asistirle para la defensa de su patrimonio, así como de su buen nombre, frente a quienes quebranten o hayan quebrantado sus deberes inherentes a las responsabilidades desempeñadas.