Este domingo se cumple un año desde que el Ministerio de Fomento cambió el sistema de acreditación de residencia para los viajeros de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla obligando a presentar el certificado de residencia, lo que ha logrado que casi todas las bonificaciones se hayan usado sin fraude.
Desde que entró en vigor esta normativa sólo se le ha denegado el embarque al 3% de pasajeros que dijeron ser residentes en territorios alejados de la Península y no pudieron acreditarlo de forma adecuada por no presentar el certificado de empadronamiento, según cifras del Ministerio de Fomento.
Este dato no abarca el año completo porque las compañías aéreas y marítimas tienen que remitir todavía los resultados de los meses más recientes al Ministerio para hacer una comprobación exhaustiva, aunque desde Fomento apuntan que no es probable que esta baja incidencia vaya a variar en el cómputo anual cuando estén todos los datos.
Teniendo en cuenta la incidencia mínima que ha tenido la obligatoriedad de presentar el padrón en estos 12 meses, el Ministerio de Fomento cree que se ha conseguido que en casi el 100% de la bonificación no exista ningún fraude al respecto, que era lo que se perseguía desde un primer momento con esta medida.
Justo un mes después de la implantación de la nueva medida, el 1 de octubre de 2012, el Ministerio de Fomento puso en marcha el Sistema Acreditación Residencia Automático (SARA), que corrobora la información que aporta el viajero con los datos del Ministerio del Interior y los que los ayuntamientos vuelcan en el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Sin embargo, la presentación del certificado de empadronamiento sigue siendo obligatoria cuando la compañía no puede verificar la residencia en el sistema SARA o en el caso de que la compañía no se haya adherido todavía a este programa informático, en el que Fomento está trabajando para mejorar su eficiencia.
En las Islas Canarias la obtención del certificado de residencia es gratuito en 46 de sus 88 ayuntamientos y, en los 42 que lo cobran, el precio de la expedición oscila entre los 50 céntimos de Antigua (Fuerteventura) y los 3,5 euros de La Orotava (Tenerife). Además, hasta 40 consistorios canarios tramitan el documento en sus oficinas municipales y, en determinadas épocas del año, se generan incómodas colas a los viajeros.