El Consejo de Gobierno de Canarias, a petición de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha acordado el inicio de un procedimiento jurídico para reclamar al Estado las competencias exclusivas de la comunidad autónoma de Canarias en materia de Costas. Esta reclamación llega después de que el Ministerio para la Transición Ecológica haya declarado la caducidad de la licencia concedida al RIU Hotel Oliva Beach, en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo, tras constatar que la empresa concesionaria (Geafond Número Uno Lanzarote, S.A) había incurrido en reiterados incumplimientos de las condiciones de la licencia. La infracción más relevante, el aumento en un 20% del volumen de las edificaciones, algo expresamente contrario a la concesión.
Tras ello, el Ministerio inició un expediente de caducidad de la concesión, que ahora culmina en una orden de demolición, que es lo que pretende evitar el Gobierno canario, pese a saber que la empresa incumplió las condiciones. El Ejecutivo regional, de CC y PP pretenden convertir esta infracción por parte de una empresa privada en un pleito entre administraciones a cuenta de las competencias en materia de costas. Al respecto, el Ministerio ha recordado en diversas ocasiones que las competencias sobre expedientes de caducidad no están transferidas a ninguna de las comunidades autónomas que han asumido funciones relacionadas con los títulos de ocupación del dominio público marítimo terrestre (Canarias, Cataluña, Andalucía y Baleares).
La tesis del Gobierno canario sobre las competencias es que le pertenecen en su totalidad, incluidos los expedientes de caducidad ya abiertos por el Estado. Sin embargo, sobre este punto existe un pleito abierto para dirimir con exactitud hasta dónde llega la potestad del Ejecutivo regional, ya que este aspecto no estaba especificado en los acuerdos de transferencia de competencias.
El Ejecutivo canario considera que el archipiélago, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias, ostenta la competencia exclusiva en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público. Este comprende, a su juicio, la gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, incluyendo todas las concesiones sobre dicho espacio, sin distinción alguna y sin reserva legal de competencias a la Administración general del Estado en esta materia.
El Gobierno canario afirma no reconocer la competencia legal del Ministerio para la Transición Ecológica para dictar la resolución de 27 de febrero de 2024, por la que se declara la caducidad de la concesión otorgada por Orden Ministerial a la entidad mercantil Geafond Número Uno Lanzarote, S.A.
La Comunidad Autónoma solicita actuar, de igual modo, en cualquier otro expediente en materia de gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente en el otorgamiento de autorizaciones y concesiones.
Asimismo, según ha expuesto este lunes, reitera su voluntad para debatir y resolver las discrepancias y diferencias que la Administración General del Estado pueda tener sobre las competencias de la comunidad autónoma en materia de ordenación y gestión de litoral en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado, prevista en el artículo 192 del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Competencias aparte, el Gobierno canario no ha expresado reproche alguno a la empresa infractora ni ha solicitado ninguna medida para reparar el daño medioambiental causado tras la ampliación del complejo sobre suelo público y protegido ni que repare los perjuicios ocasionados a los empleados del hotel en caso de que finalmente se proceda al derribo del mismo por los incumplimientos.
Ecologistas celebran al decisión del Ministerio
Tras conocerse el dictamen del Ministerio, Ben Magec-Ecologistas en Acción celebró la decisión adoptada y la orden de derribo. La organización afirmó que esta resolución “es el resultado de los reiterados incumplimientos por parte de la cadena hotelera de unos requisitos claramente establecidos en la concesión. Entre ellos, construcciones ilegales que denunciamos en 2020, como una rotonda entre el hotel y los apartamentos, una carretera de acceso y el vallado y cerramiento de zonas públicas. Unas obras por las que el Ministerio para la Transición Ecológica multó a RIU con 204.000 euros por una infracción grave en 2022 y se les ordenó demoler las construcciones, orden que por supuesto incumplieron y se inició entonces el expediente de caducidad de la concesión”.
El colectivo afirma que esta resolución del Ministerio, en conformidad con el dictamen del Consejo de Estado, llega “tras una larga batalla en defensa de las Dunas de Corralejo”.
En el lado contrario, las patronales turísticas, que tacharon la decisión del Ministerio de “abuso de poder”. En un comunicado conjunto, la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer); la Federación Turística de Lanzarote (FTL); la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), y la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) expresaron su repulsa a la decisión ministerial por ser “arbitraria y escandalosa”.
Las patronales hoteleras, que no han pedido responsabilidades a la empresa infractora por incumplir la normativa ni las condiciones de su concesión en un entorno que está protegido, sí han recurrido al argumento de que la decisión del Ministerio “tiene un impacto negativo directo para el interés general, dada la relevancia del Oliva Beach para la realidad socioeconómica del norte de Fuerteventura en general y de Corralejo en particular”.
Los hoteleros se aferran a argumentos económicos, obviando el daño ambiental y el incumplimiento de la ley, y solo señalan que este complejo turístico tiene una media de ocupación que “supera el 80%, con 400 puestos de trabajo directos y una incidencia muy relevante sobre la actividad económica en el norte de la isla majorera”. Sin embargo, no sugieren ninguna medida a la empresa infractora para reparar el daño causado a la costa de la isla, al entorno natural y a sus propios empleados.
Demanda por prevaricación
Mientras tanto, Riu presentó una demanda contra los funcionarios del Ministerio que tramitaron el expediente, algo que se resolvió con varapalo judicial para la empresa turística. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid acordó la semana pasada inadmitir a trámite la querella formulada por RIU Hotels S. A. contra la directora general de la Costa y el Mar, Ana Oñoro Valenciano; la subdirectora general de Dominio Público Marítimo-Terrestre, Ainhoa Pérez Puyol; y el secretario general técnico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Jacobo Martín Fernández, cometido supuestamente durante la tramitación de diversos expedientes de licencia de obras y administrativos con relación a los complejos turísticos RIU Oliva Beach y RIU Palace Tres Islas, en Fuerteventura.
La querella presentada por las entidades Geafond Número Uno Lanzarote y RIU Hotels acusaba a altos cargos de Costas y del Ministerio de Transición Ecológica de “conductas ilícitas” que perseguían “perjudicar injustamente al Grupo RIU Hotels&Resorts”, del que forman parte las querellantes y, en última instancia, “privarles” de las concesiones que ostentan desde 2003 y 2007, respectivamente, sobre los dos complejos hoteleros ubicados en las Dunas de Corralejo. Sobre el primero ya pesa una orden de demolición acordada recientemente por el Ministerio de Transición Ecológica al detectar incumplimientos en la concesión. El Gobierno de España propuso el pasado abril de 2023 declarar la caducidad del segundo.
La Audiencia considera que no procede la investigación interesada por resultar “prospectiva” y basarse en “meras sospechas carentes de seriedad”.