El Gobierno de Canarias asumirá este domingo, 1 de enero, la competencia en materia de Costas con el objetivo de poner en marcha todos los mecanismos necesarios que permitan resolver las actuaciones de una forma más “ágil” y “cercana”. A partir de enero, Canarias dispondrá de competencias, entre otras materias, de autorizaciones de dominio público, de las zonas de servidumbre o de concesiones demaniales así como en obras y actuaciones en el litoral de Canarias. Además, se traspasan a 20 trabajadores a los que Canarias incorporará otros 25 a partir de enero. El presidente canario, Ángel Víctor Torres valoró en su momento que se pudiese firmar este acuerdo tras una negociación “que no ha sido fácil”.
Este jueves, el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, durante la rueda de prensa posterior al último Consejo de Gobierno del año, ha confirmado que este domingo el Archipiélago asumirá la competencia y añadió que en un traspaso así siempre pueden producirse problemáticas, y más en un asunto con tanto contenido como es Costas. “Siempre puede producirse algún pequeño roce pero sinceramente no se ha generado ningún problema relevante que se le haya comunicado al Gobierno como una dificultad”, observó.
Por ello, señaló que se pondrán en marcha todos los mecanismos necesarios para conseguir que las actuaciones “se puedan resolver de una forma más ágil y cercana a los intereses y a las casuísticas específicas de Canarias”.
Por su parte, el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias explicaba hace unos meses que el “traspaso de estas competencias no supondrá una reinterpretación de la ley vigente para favorecer determinados intereses, pero sí una mayor cercanía por parte de la administración a la hora de analizar estos procedimientos y ”un interés claro de proteger el litoral como uno de nuestros bienes naturales más preciados“. Además añadía: ”Esta transferencia histórica ha precisado de un gran número de reuniones para alcanzar un acuerdo que situara a Canarias con las mismas competencias que otras comunidades autónomas como Andalucía o Cataluña, que era el objetivo prioritario de este Gobierno“.