El Grupo de Podemos ha logrado que, salvo el Partido Popular (PP), el Parlamento de Canarias mire con recelo el acuerdo comercial de Asociación Trasatlántica de Comercio de Inversión (TTIP en sus siglas en inglés) hasta el punto de que si el mismo puede ser “lesivo” para los intereses de Canarias, se plantee “algún mecanismo de compensación a la UE por nuestra condición de RUP”.
La portavoz parlamentaria de Podemos, Noemí Santana, afirmó que “Canarias debe convertirse en una Comunidad Autónoma contraria al TTPI, porque nos amenaza”, si bien no consiguió que el resto de los grupos secundaran esta propuesta.
Lo que sí consiguió Santana fue transar un texto conjunto, que solo contó con la abstención del PP, para exigir la “transparencia” en las negociaciones y la defensa de la “soberanía y los servicios públicos de Canarias” frente a las negociaciones que mantienen la UE y EEUU.
Una transparencia por la que el Gobierno de España debe mantener “un debate bien informado” tanto con el resto de instituciones del Estado español como “con la sociedad civil”, para lo que “deben publicarse todos los documentos fundamentales, incluido el mandato negociador”.
El acuerdo incluye también la necesidad de que tanto la UE como el Ejecutivo central evalúen un “impacto socioeconómico” del TTIP sobre el estatus de Canarias como RUP y sobre su posible impacto en el Régimen Económico y Fiscal (REF), así como a dejar fuera del mismo a los servicios públicos esenciales.
“El PSOE no va a dejar, ni en Europa ni en España, que cualquier acuerdo suponga rebajas en materia social, laboral o medioambiental”, afirmó el socialista Manuel Marcos desde la tribuna ante las advertencias de Santana de que los cánones estadounidenses no son equiparables a los europeos en lo referente al Estado del Bienestar.
Y es que para la portavoz de Podemos insistía en que tal y como es están afrontando las negociaciones, se está agrediendo “la soberanía del pueblo y de las instituciones canarias”.
Para Santana, si no se aplican las correcciones y la transparencia que exige el Parlamento de Canarias, peligran no solo los derechos sociales y laborales, sino la viabilidad de las empresas canarias, que sucumbirán ante los intereses de grandes multinacionales, que recibirán un trato de favor por encima, incluso, de legislaciones nacionales como el REF.