Con reparos y matices, pero la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha sido admitida a trámite por el Parlamento de Canarias sin recibir ni una sola enmienda a la totalidad por parte de la oposición.
Como estaba previsto, gracias al acuerdo alcanzado el pasado 10 de septiembre entre el consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, y la portavoz del Grupo Popular, Australia Navarro, las diferencias que aún existen serán pulidas y debatidas en el trámite de ponencia en su respectiva Comisión parlamentaria, con el claro objetivo de que el texto salga adelante por unanimidad.
Hernández Spínola fue el encargado de defender el texto del Ejecutivo, elaborado gracias a las aportaciones de los ciudadanos tanto en foros presenciales como en la página de Facebook, por lo que lo calificó de “un proyecto de ley pionero en Canarias”.
“Es una ley que convertirá en hábito dar cuenta a la ciudadanía, de forma accesible y clara, de la tarea que realizan los responsables públicos, y un instrumento eficaz para combatir preventivamente la corrupción y para obtener una administración pública más eficaz y eficiente”, dijo Spínola.
El proyecto de ley está formado por cinco títulos y una parte final compuesta de diez disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y tres finales.
En su exposición de motivos, el propio texto señala que “la transparencia se revela como uno de los valores esenciales para que las instituciones y administraciones públicas sean consideradas como propias, cercanas y abiertas a las expectativas, necesidades y percepciones de la ciudadanía”.
“En en esta Legislatura se ha iniciado un camino del que ya no podremos retornar. Esta ley es la confirmación de ese avance hacia una nueva concepción de la Democracia en el siglo XXI”, enfatizó Spínola.
El diputado del Grupo Mixto Pedro Justo (NC) compartió la tesis del consejero, aunque recordó que “se puede aprobar y puede seguir habiendo falta de transparencia”.
Inicio de camino
“Es un inicio de camino, no el final, pues para ser transparentes es más necesaria la voluntad política que las leyes. Euskadi, Castilla-La Mancha y Cataluña están a la cabeza de la transparencias sin tener leyes como la que aquí debatimos”, insistió el diputado.
Asimismo, expresó su deseo de que el Reglamento de la Cámara regional traslade en una futura modificación el contenido de la Ley de Transparencia para que la Cámara regional esté obligada a cumplir los mismos parámetros
Y es que según el diputado de NC, los datos aportados por Transparencia Internacional en abril ponen de relieve que la Cámara Legislativa canaria está en el último lugar en cuanto a ofrecer información sobre el funcionamiento de la actividad parlamentaria (una puntuación de 25 frente al 81,4 de media).
Asimismo, como ya informó CANARIASAHORA, tampoco resulta bien parado el Parlamento en transparencia sobre las contrataciones de obras y servicios, situándose en penúltimo lugar con una puntuación de 16,7, cuando la media general es de 51,2.
El Parlamento canario también aparece en los últimos lugares en la evaluación de la transparencia económico-financiera (22,2 puntos frente a 49,2 de media).
Matices conservadores
Un apoyo matizado también contó el texto del Gobierno por parte del Grupo Popular, Emilio Moreno, quien recordó que los conservadores canarios son favorables a la Ley Canaria a pesar de que los socialistas votaron en contra de la estatal que elaboró el Gobierno de Mariano Rajoy.
Al igual que el Mixto, expresó la necesidad de que la Ley se extienda más allá del Ejecutivo regional y no vincule únicamente a la Administración regional, sino a los cabildos y ayuntamientos.
Entre las enmiendas que presentará el PP, Moreno incidió en la referida a que el la “fiscalización” de la de la Transparencia no recaiga en el Diputado del Común sino en una comisión específica del Parlamento presidida por un diputado de la oposición.
“La transparencia no puede estar sujeta a un capricho político como es resucitar al Diputado del Común, pues fiscalizar la transparencia debe residenciarse en el Parlamento”, insistió Moreno.
El portavoz conservador también defendió la necesidad de un necesario régimen sancionador, que el acceso a la información sea gratuito y no se establezcan tasas a la petición de documentación por parte de los ciudadanos, y que tanto la retribución como el curriculum académico de los altos cargos sean de conocimiento público.
De abajo a arriba
Por lo que se refiere a los portavoces de los grupos que apoyan al Gobierno, tanto Marisa Zamora (CC) como Manuel Fajardo (PSC) defendieron la idoneidad del texto, además de resaltar que cumple con un compromiso del presidente Paulino Rivero y del Pacto suscrito para su investidura.
“Es la primera vez que una Ley se hace de abajo hacia arriba, con un amplio proceso de participación ciudadana, y es una Ley que acaba con el hecho de que la Administración desnuda a los ciudadanos y los ciudadanos no pueden desnudar a la Administración”, dijo la nacionalista.
Al igual que Fajardo, la diputada Zamora insistió en que “la mejor forma de luchar contra la corrupción es ventilarla, iluminar y dejar que todo se vea”.
Por su parte, el portavoz socialista resaltó que “transparencia y libertad de información garantizan la lucha contra la corrupción” y frenan a “los salvapatrias”.
“Los socialistas pensamos que necesitamos en este país más democracia y más política en mayúsculas. Queremos ciudadanos y ciudadanas libres e iguales, y por eso apoyamos en este proyecto”, concluyó Fajardo.