El Gobierno de Canarias planteará el lunes al Ministerio de Fomento una negociación para renovar su convenio bilateral sobre carreteras, en la que demandará que el Estado invierta en la red viaria de las islas 2.500 millones de euros entre los próximos diez a quince años.
Así lo ha avanzado este miércoles, tras reunirse con la patronal de la construcción de la provincia de Las Palmas, el consejero regional de Obras Públicas, Pablo Rodríguez (CC), quien ha estimado que este es el presupuesto que precisan las obras prioritarias de Canarias.
Entre esas actuaciones, Rodríguez ha citado la segunda fase de la carretera Agaete-La Aldea, en Gran Canaria, las obras que requieren las autovías TF-1 y TF-5, en Tenerife o el corredor Norte-Sur de Fuerteventura.
La presidenta de la patronal de la construcción de Las Palmas, María de la Salud Gil, ha manifestado el apoyo del sector a la estrategia que planteará Canarias de cara a la renovación de este convenio, cuya última anualidad, la de 2017, cuenta con una partida de 175 millones en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio.
A juicio de Gil, lo importante es ser eficaz y eficiente con las obras públicas prioritarias para Canarias, proyectar las que se puedan ejecutar en los plazos fijados y priorizar en los pliegos de condiciones a las empresas canarias que tengan la infraestructura necesaria para llevarlas a cabo, en lugar de adjudicar ofertas económicas de sociedades de ámbito nacional que luego no tienen el respaldo local suficiente para materializarlas.
Pablo Rodríguez ha manifestado que la intención del Ejecutivo regional es que el nuevo convenio plurianual de carreteras Canarias-Estado “se pueda aprobar en verano”, lo que permitiría tener un “horizonte de inversión”, y que en el segundo semestre de este año se puedan adjudicar obras como la segunda fase de la carretera de La Aldea.
“Eso sería lo ideal para no tener que esperar a final de año o a 2018 para poder sacar los concursos de adjudicación de las obras que tengan proyecto actualizado”, como la de La Aldea o el tramo Aeropuerto-Caldereta, uno de los tramos importantes del eje norte-sur de Fuerteventura, ha dicho el consejero, quien ha añadido que planteará a Fomento “distintos escenarios” para poder llevar a cabo el dossier de obras de interés regional que le entregará.
En ese documento figurarán actuaciones inacabadas del convenio vigente y otras que ni siquiera han comenzado, ha precisado Rodríguez, quien ha resaltado que con ellas se trata de dar respuesta a las necesidades de movilidad que tiene el Archipiélago.
Hay prioridades en todas las islas: concluir el eje norte-sur de Fuerteventura, para lo que habría que asumir dos terceras partes del proyecto en el nuevo convenio, además del tramo El Risco-Agaete, el posible soterramiento de la avenida marítima de Las Palmas de Gran Canaria para mejorar la conectividad del Puerto de La Luz con el resto de la isla, el cierre del anillo entre Mogán y La Aldea, la ampliación de la GC-2 entre Bañaderos y Gáldar y la circunvalación de Agaete.
En Tenerife, habilitar un carril adicional en la TF-1, una obra de más de 240 millones de euros y ampliar la TF-5, con un importe similar; en La Palma, las autovías de Tazacorte y las del sur y del norte; en La Gomera, la travesía de Hermigua y el cierre del anillo; además de la carretera que circunvala la isla de El Hierro.
El consejero ha informado de que la liquidación del convenio vigente (2006-2017), sin contar la última anualidad, registra un déficit de 757 millones de euros “que el Estado ha dejado de ingresar”, lo que ha impedido comenzar obras del anexo II y ha forzado a que otras actuaciones las haya asumido la comunidad autónoma, asuntos que también pondrá sobre la mesa de la negociación con Fomento porque el Gobierno canario “no va a renunciar” a la financiación comprometida por el Estado.