El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero (CC), ha considerado este miércoles “un paso interesante” y está dispuesto a estudiar el decreto ley aprobado este martes por la Junta de Andalucía para frenar los desahucios, según informa la agencia Efe.
El Gobierno regional andaluz dio luz verde a un decreto ley sobre la función social de la vivienda, que incluye sanciones de hasta 9.000 euros a bancos e inmobiliarias que no alquilen las viviendas vacías, con el objetivo de convertirse en un “plan de choque” para frenar la “sangría social” de los desahucios, entre otras medidas.
En rueda de prensa en Madrid, el presidente canario ha señalado que van a estudiar si tiene “viabilidad jurídica solvente” la decisión del Gobierno andaluz para ponerla en marcha en su territorio.
Ha añadido que ni el Ejecutivo estatal, ni muchas instituciones han prestado la atención que se merecía ese “asunto dramático” de los desahucios para miles de familias.
“No supimos ver el drama, posiblemente porque no pensábamos que la crisis fuera a ser tan larga”, ha dicho Rivero, que ha añadido que “no hay nada peor” que perder la vivienda “sin derecho a nada” porque no se puede pagar la hipoteca al banco después de haber perdido el empleo.
Respecto a la reunión que esta tarde mantendrá el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con los consejeros del PP para tratar del nuevo modelo de financiación autonómica, ha indicado que es “un mal camino” que se reúna sólo con los de su partido.
En su opinión, tampoco es bueno que el Gobierno mantenga encuentros bilaterales con Cataluña, ya que “el espacio” para hablar de financiación y de flexibilización del déficit es el Consejo de Política Fiscal y Financiera o la Conferencia de Presidentes.
Ha insistido en que el nuevo modelo deber ser “justo, equitativo y equilibrado”, y que debe tener en cuenta el coste de la lejanía y la doble insularidad en la prestación de los servicios básicos.
Sobre la posibilidad de que si Bruselas flexibiliza el objetivo de déficit para España éste sea repartido de forma asimétrica para las comunidades autónomas, Rivero ha señalado que debe hacerse por igual.
“No vamos a pedir que se castigue -ha destacado- a las que han incumplido el objetivo de déficit en 2012, pero, si hay flexibilización, debe ser solidariamente compartido”.
Ha advertido de que “en ningún caso” Canarias aceptará que su parte de flexibilización del déficit sea cedida a otra comunidad que no ha cumplido y se ha referido a las dificultades del archipiélago para poder hacerlo, más “siendo la peor financiada”