El Gobierno de Canarias estudia el encaje jurídico necesario que permitiría fomentar la vacunación contra la COVID entre los empleados públicos, de forma que “indirectamente sea una exigencia” para determinados servicios, ha afirmado el consejero de Presidencia, Julio Pérez.
“No se trata de una vacunación obligatoria”, ya que la ley no lo permite, ha destacado Pérez tras el Consejo de Gobierno de este jueves.
Actualmente, se analiza “qué soporte legal requiere una decisión así”, y el Ejecutivo canario se mantiene atento a lo que se hace en otras comunidades autónomas.
“Canarias hace lo mismo que muchos países”, ha manifestado Pérez, quien ha recordado que en los últimos días, Francia y Estados Unidos han decidido que los empleados públicos deben vacunarse, y Alemania estudia esa posibilidad.
El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha señalado que la cuestión fue uno de los asuntos debatidos en el Consejo Interterritorial de Salud pues es algo que preocupa a todas las comunidades autónomas.
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