El Gobierno canario ha acordado este lunes requerir al Estado que derogue en un mes la evaluación final de Primaria, como paso previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo contra la aprobación de un real decreto que considera “impuesto” a las comunidades autónomas.
Al término del Consejo de Gobierno, la consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón (CC), ha explicado que Canarias exige al Ministerio de Educación que, en el plazo máximo de un mes, derogue el Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria.
Monzón ha recalcado que Canarias no está en contra de que se hagan evaluaciones, pero aboga por que estas sirvan para tener diagnósticos, y no para establecer clasificaciones de alumnos y centros educativos.
Este Real Decreto desarrolla la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), estableciendo un sistema de evaluación contrario al modelo defendido por la comunidad de Canarias y sin realizar las preceptivas consultas a los Gobierno autonómicos.
Esa falta de consulta previa y la aplicación sin consenso del real decreto es precisamente la base del requerimiento que presentará el Gobierno de Canarias al estatal.
El Gobierno autonómico lo formula al amparo de lo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
A su juicio, al omitir el preceptivo trámite de consulta a las comunidades autónomas, el Estado ha incurrido durante su tramitación en causa determinante de nulidad radical o de pleno derecho.
Si, transcurrido un mes desde que se presente el requerimiento, el Estado no deroga el real decreto, el Gobierno de Canarias volverá a emplear la vía judicial contra la Lomce o su desarrollo, con la presentación de un recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Supremo.
Anteriormente, el Gobierno autonómico ya había interpuesto un recurso de inconstitucionalidad frente a varios apartados de la Ley.
Profesores externos
Pese a que el Estado incluyó el proyecto de real decreto en el orden del día de la Conferencia Sectorial de Educación celebrada el 21 de abril del pasado año, lo hizo sin haber permitido la participación previa de las comunidades autónomas en la redacción del anteproyecto, mediante su análisis y posterior presentación de observaciones y alegaciones.
La vulneración del derecho a ser consultada impidió a la comunidad autónoma alegar su total oposición al modelo escogido para realizar la evaluación final de la Educación Primaria, ha manifestado la consejera.
Monzón ha recordado que la propia Ley Canaria de Evaluación no Universitaria establece la obligatoriedad de realizar una prueba al finalizar sexto curso de Primaria, pero con unas características completamente distintas a las que establece el Real Decreto 1058/2015.
En concreto, en su artículo 68 prevé una “evaluación de diagnóstico” al terminar la Primaria.
Con esta evaluación que la comunidad canaria implementará se podrán obtener resultados cualitativos, que permitan detectar los puntos débiles del nivel en el que se aplica y adoptar medidas para que los alumnos y el centro avancen hacia el éxito educativo.
Además, el Gobierno canario entiende que los profesores de otros niveles del propio centro reúnen la suficiente objetividad como para realizar las pruebas diagnósticas que se determinen por la Administración.
Sin embargo, el Estado obliga a que se aplique por profesores externos al centro, que además sean funcionarios, con lo que ello supone de dificultad organizativa durante los días que se prolongue la evaluación.
El Gobierno regional tampoco está de acuerdo en que la prueba se califique en los grados desde insuficiente a sobresaliente, porque esto contradice la evaluación continua que es únicamente competencia del equipo docente que imparte clase a sexto curso y no debería ser revaluado por una prueba puntual.
El Consejo de Gobierno también ha autorizado hoy el máster en “Terapia manual ortopédica en el tratamiento del dolor” de la Universidad Europea de Canarias, dirigido a diplomados o graduados en Fisioterapia.
Monzón ha destacado que se trata de una oferta de postgrado hasta ahora inexistente en el marco de la Educación Superior que se imparte en Canarias.