El Gobierno de Canarias asegura que el Estado ha accedido a iniciar los trámites para modificar el nuevo decreto 900/2015 que debería entrar en vigor este mes con el objetivo de eximir a las instalaciones de autoconsumo asociadas al ciclo integral del agua de las obligaciones de la nueva regulación.
En una nota de prensa la Consejería de Economía señala que el Ministerio de Industria y Energía solo se compromete a aplicar esta exención a las instalaciones existentes y no a las nuevas, como pide el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento Pedro Ortega, lo que supone un gran freno para el desarrollo de las renovables en un sector crucial para las islas.
Además, el Ministerio admite que la modificación del decreto que conlleva esta decisión no podrá hacerse efectiva mientras continúe habiendo un Gobierno en funciones.
En la reunión mantenida este viernes en Madrid por el viceconsejero de Industria, Energía y Comercio, Adrián Mendoza, con representantes del Ministerio, se ha acordado iniciar los trámites para que estas instalaciones queden excluidas de los nuevos parámetros que se quieren aplicar para el autoconsumo de energía eólica.
Dicha aplicación obligaría a los promotores a contratar, a partir de abril, la misma potencia por la red que la que tienen instalada en los molinos eólicos, destaca la nota.
El problema, añade el viceconsejero es que esta exclusión solo se aplica a las instalaciones ya existentes y no a las nuevas, lo que supone un gran obstáculo para el desarrollo de un sector crucial para Canarias, como es el la producción de agua con energías renovables.
En este sentido, recuerda que el consumo de energía vertida a la red que se destina a la desalación está entre el 5 y el 10 por ciento dependiendo del sistema energético insular del que se trate, y en torno al 20 por ciento si consideramos todo el ciclo integral del agua.
Además, subraya que en casos como la isla de Lanzarote y Fuerteventura el consumo de agua desalada es del 100 por cien, mientras que en Tenerife y en Gran Canaria representa el 60 por ciento, siendo los costes energéticos actuales en torno al 340 por ciento de los costes de producción.
Por ello, en la carta remitida al Ministerio, Pedro Ortega pedía de manera urgente una modificación del decreto 900/2015 en su artículo 5 donde se exceptúe al ciclo integral del agua (desalación, transporte, distribución, depuración y regeneración) de la limitación de la potencia instalada a la potencia contratada.