El empresario Jorge Morales de Labra, miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, ha advertido de que el real decreto de autoconsumo que el Gobierno central aprobó el pasado mes de octubre impide que gran parte de las plantas desaladoras del Archipiélago utilicen energía eólica para abastecerse, una práctica que se ha extendido principalmente en la isla de Gran Canaria, pero también en Fuerteventura, y que permite abaratar costes en el sector agrícola, que utiliza para el riego de los cultivos el agua dulce generada en plantas alimentadas con energías limpias.
“El Gobierno nos obliga a volver a desalar agua con petróleo”, ha afirmado Morales de Labra en una entrevista en el programa 'La mañana en Canarias', de la cadena Cope. El experto en energía ha lamentado que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, liderado por el canario José Manuel Soria, se haya “olvidado” de añadir una excepción al autoconsumo de energía eólica para desalar agua en este real decreto, “el más restrictivo del mundo” en esta materia. Y ello a pesar de que sí las ha contemplado para otros sectores, como el de los trenes o el de la llamada cogeneración para la industria.
Según ha explicado Morales, la normativa incluye una disposición que obliga a que la potencia eólica instalada sea menor que la potencia de la planta desaladora, una limitación que afecta a la posibilidad de autoconsumo de la mayoría de ellas, sobre todo a las más pequeñas. El miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético explica que las empresas no utilizan esta potencia para generar más energía y exportarla, sino para compensar las horas de viento anuales, “que pueden ser 3.000”, frente a las de funcionamiento de la desaladora, que pueden triplicarlas.
En opinión de Morales, el decreto de autoconsumo obliga a quienes quieran alimentar las desaladoras con eólica a “convertirse en productores” y vender una parte de la energía. El problema, añade, es que por ella se le va a pagar “cuatro veces menos de lo que se paga por el fuel”, lo que lo convierte en “un negocio ruinoso”.
El experto vaticina que, a partir de abril, que es cuando expira el plazo para adaptarse a la normativa, muchas instalaciones dejarán de funcionar o volverán a hacerlo con energías fósiles. “Es una barbaridad”, concluye Morales, que precisa que uno de los costes más importantes es el vinculado al riego de las producciones agrícolas.