Canarias por la Izquierda considera que los Presupuestos del Gobierno Autónomo para el año 2014 dan la espalda a los problemas reales de la mayoría de los canarios. La organización político-social acusa al ejecutivo de Paulino Rivero de “ocultar, deliberadamente, los contenidos de un proyecto presupuestario continuista e ineficaz, que acrecentará las desigualdades entre los ciudadanos y la fractura social que sufre Canarias”.
Según esta organización, “los datos certifican que un tercio de la ciudadanía canaria no dispone de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Uno de cada tres canarios se encuentra en una situación tan precaria que no alcanza a sufragarse una alimentación adecuada; que no dispone de techo; que no puede afrontar el pago de los recibos de luz y agua; las medicinas o la educación. Son cientos de miles de personas las que, día a día, se sienten condenadas al deterioro más absoluto de sus condiciones de vidas y privadas, por tanto, de sus derechos fundamentales”.
También los datos demuestran, aseguran, que en los últimos años, “Canarias ha retrocedido cuatro décadas en los índices de desigualdad: la diferencia entre la riqueza de los más ricos y la pobreza de los más pobres ha aumentado un 25%; un 38,2% de la población se encuentra en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla; 812.425 personas están bajo el umbral de la pobreza y la tasa de paro (datos de la EPA del tercer trimestre de 2.013) alcanza el máximo histórico del 35,12%”.
Para Canarias por la Izquierda, los Presupuestos previstos para el 2014 no constituyen, ni mucho menos, un punto de inflexión en esa dinámica, “aunque el marketing gubernamental pretenda convencernos de lo contrario”, porque, argumentan, ni proyectan redistribuir la riqueza de manera equitativa, ni persiguen garantizar los derechos básicos del conjunto de los ciudadanos, ni contribuirán a reactivar la economía.
“Los esfuerzos propagandísticos del tándem Rivero-Pérez en estas últimas semanas no consiguen ocultar los datos reales contenidos en su proyecto presupuestario: Las partidas destinadas a Sanidad disminuyen en 59 millones, las de Educación caen en 107,5 millones (respecto a 2.012) y las de Servicios Sociales y Promoción Social casi 47 millones (desde el 2010). No se contemplan medidas administrativas destinadas a estimular la creación directa de empleo, ni se plantean acciones para reducir las tasas de exclusión social y de pobreza”.
Por eso, Canarias por la Izquierda afirma que “estos presupuestos vuelven a dar la espalda a los problemas reales de la mayoría de los canarios y ponen en evidencia que el ejecutivo autonómico se limita a garantizar la recapitalización de los grupos empresariales del cemento y del turismo, esperando que sean éstos quienes, en 'agradecimiento', asuman la responsabilidad de revertir la situación económica generando trabajo y repartiendo riqueza”.
La organización insta al gobierno delarchipiélago a retirar este proyecto presupuestario y a priorizar, de verdad, la inversión social, aplicando criterios de redistribución de la riqueza global generada y ejecutando medidas fiscales valientes que garanticen los ingresos necesarios.
En este sentido, Canarias por la Izquierda propone la inclusión de una Renta Básica que “asegure, a todas las personas residentes, el derecho a percibir periódicamente la cantidad de dinero necesaria para cubrir sus necesidades elementales. Esta medida afectaría, de forma inmediata, a todas aquellas personas que no disponen de prestación por desempleo ni de otro tipo de ingresos, comenzando por los más de 35.000 hogares en Canarias con todos sus miembros en paro y sin ninguna fuente retributiva.
La segunda propuesta consiste en “reforzar, a través de Ley, el conjunto de los Servicios Públicos esenciales, garantizando la financiación suficiente para atender las necesidades de la población, corregir las deficiencias generadas por las medidas de contención del déficit público y potenciar su desarrollo así como su extensión geográfica”.
La organización también sugiere “implementar un plan de creación de empleo bajo gestión pública, a partir de un nuevo modelo de progreso para Canarias centrado en las necesidades de la ciudadanía, la protección del medio y del territorio, la diversificación económica, el desarrollo sostenible, el aprovechamiento de las energías limpias y renovables y el control público de los sectores estratégicos”.
También aportan, “implantar fórmulas de financiación objetivas, estables y justas, basadas en la aplicación de una Fiscalidad progresiva y proporcional, eliminando los privilegios empresariales establecidos en el REF, persiguiendo el fraude fiscal y replanteando el uso y la materialización de la RIC (al menos hasta su desaparición) al servicio de medidas sociales (como la propia financiación de la Renta Básica)”.
Y, por último, “rechazar el principio de ”Austeridad“ y de contención del déficit público (impuesto a partir de la reforma del artículo 135 de la Constitución Española para priorizar el pago de la deuda y de sus intereses, por encima de las necesidades y derechos de los ciudadanos). La Administración Pública tiene la obligación de ejercer el papel de ”motor“ de la reactivación de la economía y esto sólo lo puede hacer si dispone de suficiente libertad presupuestaria y de la adecuada voluntad política para dirigirla”.