La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha pedido a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y al presidente de Puertos del Estado en funciones, Raquel Sánchez y Álvaro Rodríguez, respectivamente, que las Islas estén exentas de la normativa europea sobre el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, de forma permanente, por su condición de región ultraperiférica (RUP).
Solicita que intercedan “ante las instancias necesarias para que se adopten las medidas pertinentes”, según ha informado el Gobierno regional. Ya la semana pasada el Parlamento europeo aprobó que las Regiones Ultraperiféricas (RUP) quedaran exentas de la normativa que obliga a los aviones a utilizar, a partir de 2025, al menos el 2% de combustible de procedencia no-fósil.
El consejero del área, Pablo Rodríguez (PP), ha expresado, a través de una carta, su “profunda preocupación” por la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2023/956 del Parlamento y del Consejo europeo y señala que “su aplicación comportaría unas consecuencias muy graves para la región en materia de transporte de mercancías y conectividad”.
Además, ha explicado que “pondría en riesgo nuestra actividad económica en toda la región, tal y como la conocemos actualmente”. “Aunque la directiva contempla temporalmente ciertas excepciones para trayectos con origen o destino en las regiones ultraperiféricas o entre islas, las condiciones de las islas son las que son y no dispondrán en el futuro de otras alternativas de transporte, aunque se posponga su aplicación completa en el ámbito de Canarias”, añade la carta.
Por ello, ha insistido en que la exención se plantea como la “única medida” que no suponga un perjuicio para el Archipiélago y su economía.
El titular de Obras Públicas ha recordado que la vía marítima es fundamental para mantener la conexión de Canarias en el transporte de mercancías con Europa y el resto del mundo.
El consejero ha argumentado que “la existencia de infraestructuras portuarias de primer nivel, muy próximas a Canarias, que están exentas del cumplimiento del citado reglamento, provoca que el sistema portuario en Canarias derive en una situación de riesgo y clara desventaja competitiva a corto plazo”.
En esta línea, destacó que compañías y asociaciones que operan en los puertos canarios han trasladado la imposibilidad de operar en igualdad de condiciones que en otras infraestructuras cercanas, como Marruecos, Mauritania, Senegal y otros estados de la costa oeste africana.
Canarias queda fuera del combustible verde
La semana pasada el Parlamento europeo aprobó una resolución legislativa que reconoce la exención de Canarias y del resto de Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la Unión para que los aviones que despeguen o aterricen en estas zonas no estén obligados a utilizar al menos un 2% de combustible de origen no-fósil a partir de 2025. La decisión fue ampliamente celebrada por el Ejecutivo canario, formado por CC y PP, al asegurar que, aunque defendía “el objetivo medioambiental” de la norma, esta podría implicar “un perjuicio para la conectividad de las Islas” porque un mayor uso de biocombustibles aumentaría el precio de los billetes.
Sin embargo, expertos consultados por esta redacción no creen que exista esa relación y opinan que la Comunidad Autónoma puede “quedarse en el pasado” tras exenciones como esta.
“Es una obligatoriedad que tendrán todas las aerolíneas, pero eso no debería de trasladarse al consumidor final, porque la población canaria solo puede moverse en avión para ir a la Península, por ejemplo. Las administraciones deberían aplicar medidas para que no les afecte realmente”, apunta Rosalía Soley, economista en Latinoamérica que hasta 2021 coordinaba la campaña de biocombustibles en Ecologistas en Acción.
“Es normal que se pida un trato diferenciado para ciertos territorios de la UE, como es el caso de Canarias. Dicho esto, al Archipiélago le interesa formar parte de la transición energética en el transporte aéreo, no quedarse fuera de ella. Es cierto que a corto plazo hay que tener en cuenta la dificultad logística de suministrar combustible de aviación sostenible (SAF, en sus siglas en inglés). Pero lo que ReFuelEU pretende no es penalizar los vuelos, sino descarbonizarlos en la medida de lo posible”, agrega Denis Bilyarski, experto independiente en el impacto climático de la aviación y sus vías de descarbonización.
El reglamento acordado por la Cámara europea establece que, a partir de 2025, un mínimo del 2% de los carburantes utilizados en la aviación deberá ser de origen no-fósil y que ese porcentaje tendrá que aumentar de forma escalonada hasta alcanzar el 6% en 2030 y el 7% en 2050. El documento dice que “debe ser de aplicación para las aeronaves (…) que efectúen vuelos de transporte aéreo comercial”. Sin embargo, unas líneas más abajo, el texto detalla que los Estados miembros podrán decidir si un aeropuerto situado en una RUP también debe estar sometido a esa directriz, por lo que, en un principio, regiones como Canarias, Madeira o Azores no lo estarán.