El Gobierno de Canarias ha consignado en los presupuestos del próximo año 28,3 millones de euros para el caso de que los tribunales fallen en favor de los empleados públicos y debe abonar la paga extra de Navidad de 2012, que fue suprimida en aplicación de un real decreto estatal de julio.
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, ha informado este lunes de que el Ejecutivo cree los tribunales puedan dar la razón a los empleados públicos, ya que el derecho de cobro de la extra de Navidad se genera a partir del 1 de junio para los funcionarios y anualmente para los laborales, y su supresión se aplicó cuando ya se había devengado parte de la paga.
Hernández Spínola, en relación a los funcionarios de Administración de Justicia, ha informado de que una sentencia de un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla ha reconocido a un funcionario de ese área que la administración debe resarcir el importe de la paga extra de Navidad de 2012.
Según el consejero, el Juzgado entiende que la actuación del Gobierno de España fue tardía porque el real decreto que suprimió la extra se dictó en julio de 2012, mientras que las normas que regulan las relaciones laborales del personal de Justicia, es decir la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no se aprobó hasta diciembre.
En esa fecha la extra ya estaba devengada íntegramente y la norma no establecía una aplicación retroactiva, ha indicado el consejero, quien ha indicado que esta sentencia puede afectar a los 55.000 funcionarios de Justicia de España, por lo que las comunidades con competencias en esta materia y el Ministerio están en contacto, al igual que con los servicios jurídicos del Gobierno, para analizar el fallo y estudiar si se extenderá a todos.