El juez de Primera Instancia 4 de Arona, Evaristo González González, se ha inhibido de la diligencias abiertas por lo que se conoce como caso Arona 2 y ha pedido que toda la causa sea remitida al Tribunal Supremo, dado que una de las imputadas por un presunto delito de prevaricación urbanística y administrativa es la diputada en el Congreso por el PP, Águeda Fumero.
Fumero y otros 14 cargos y es cargos del Gobierno local de Arona votaron en 2008, en sesión plenaria, la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, pero con un texto sustancialmente modificado respecto al documento que se envió y aprobó la COTMAC, ya que contenía nuevas recalificaciones urbanas.
Además, la jefa del servicio jurídico, informó antes de la votación de la ilegalidad del documento, al igual que el entonces portavoz del PSOE, Francisco García Santamaría.
Que todos los imputados hayan podido cometer el mismo delito y en el mismo acto, sean aforados o no, es el argumento del magistrado en el auto que firmó el pasado 20 de diciembre, y por el que remite la causa a la sala segunda del Supremo, órgano que sería el competente para la instrucción.
Por el riesgo de “pronunciamientos contradictorios”
Según González González, pese a que los no aforados deben ser juzgados por el juez predeterminado, en este caso, y pese a ser solo una la persona aforada, entiende que el TS debe instruir el 'caso Arona 2' porque “de no hacerlo así, se rompería la continencia de la causa y el riesgo de pronunciamientos contradictorios sería incontestable, pues absurdo sería que los no aforados fuesen absueltos y la aforada, condenada, o viceversa, cuando el acto ejecutado fue el mismo para todos ellos?”
“O se cometió prevaricación en los términos relatados en las denuncias, o no se cometió, pero no es posible admitir que unas personas, actuando en un sentido, y otras, actuando en ese mismo e idéntico sentido, sí lo hicieron”, concluye el magistrado de Primera Instancia 4 de Arona.
Águeda Fumero, que además es coordinadora del PP en el sur de Tenerife, ha acreditado su condición de diputada en el Congreso de los Diputados, por lo que deberá declarar ante el Tribunal Supremo. La fecha es el 7 de febrero. Para ese mismo día y el anterior, 6 de febrero, estaban previstas (de momento quedan en suspenso) las declaraciones de los restantes 14 imputados, concejales del PP, del CCN y de CC en el mandato 2007-2011, con José Alberto González Reverón como alcalde (quien ya prestó declaración).
El Supremo podría devolver la causa
El auto del magistrado no es definitivo, ya que la sala segunda del TS podría devolver la causa y esgrimir que solo le compete la investigación de la diputada popular. Sería similar a lo ocurrido con el 'caso Las Teresitas', que fue remitido completo al Alto Tribunal, pero éste rechazó la inhibición y se centró en el aforado Miguel Zerolo.
El abogado Felipe Campos se opone. El autor de las tres denuncias por prevaricación urbanística y administrativa que han dado lugar al caso Arona 2, considera que la actuación de Águeda Fumero “fue solo una, la de esa votación”, mientras que otros imputados “estarían mucho más implicados en diferentes actuaciones, por lo que espero que el Supremo devuelva la causa”.
Campos ha anunciado a este periódico que recurrirá el auto.