El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Hernández Spínola, ha afirmado, a través de un comunicado, que la negativa del presidente de la Cámara, Antonio Castro, a pedir un informe al Consejo Consultivo sobre la legalidad del concurso de licencias de radio es “el triste colofón a una Presidencia subordinada al Gobierno canario”.
Hernández Spínola ha argumentado que Antonio Castro no defiende la institución que preside al desatender la demanda del Grupo Socialista, al desoír a la mayoría de la Mesa del Parlamento y al obviar un acuerdo plenario por el que se solicitaba al Gobierno canario suspender la resolución del concurso hasta el próximo 31 de julio.
“El presidente del Parlamento de Canarias no ha actuado con ecuanimidad ni con independencia”, ha destacado el cabeza de lista del PSOE al Parlamento por Tenerife, quien recuerda que este concurso, “evidentes visos de ilegalidad”, se va a resolver antes de los comicios autonómicos y locales lo que constituye una obscenidad.
Hernández Spínola ha considerado irresponsable adjudicar las licencias de radio sin determinar si el concurso se ajusta a la legislación estatal y a la normativa europea en materia audiovisual y advierte de que probablemente la resolución del mismo estará abocado a una impugnación ante los tribunales.
El portavoz parlamentario socialista ha vaticinado que este proceso culminará como el concurso de la Televisión Digital Terrestre (TDT), que fue anulado en su totalidad por los tribunales de justicia, y seguramente generará reclamaciones por daños y perjuicios. “Produce sonrojo que el Gobierno de Canarias no haya dado explicación alguna sobre revés judicial en torno a la TDT”, ha remarcado.
Ha recordado que la mesa de evaluación para analizar las propuestas de los aspirantes es absolutamente parcial y contraria a la directiva comunitaria y a la ley estatal que exige órganos independientes, motivo por el que el pleno del Parlamento solicitó la suspensión del concurso.
Antonio Castro, en opinión del socialista, defiende una vez más los intereses del Gobierno de canarias y desatiende sus obligaciones como presidente del Parlamento al no solicitar un informe al Consejo Consultivo de Canarias para determinar la legalidad del concurso. “Es el broche final de una legislatura que no ha podido acabar peor”, ha enfatizado.