El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife rechazó este viernes, con los votos de CC y PP, sendas mociones de los grupos Socialista y Mixto para revisar el plan parcial de Las Teresitas por considerar que el PGOU, del que forma parte, tiene una legitimidad democrática muy superior a la de cualquier otro instrumento de planificación de Canarias.
En el pleno celebrado este viernes por la corporación municipal se debatieron dos mociones referentes al citado plan parcial, una de ellas del grupo Mixto, que pedía la paralización inmediata de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y del inicio de las obras previstas en la playa de Las Teresitas.
Esta moción fue rechazada por 19 votos en contra, de los grupos de CC y PP, dos a favor, del Mixto, y 5 abstenciones, del Socialista.
Posteriormente se debatió una moción del grupo Socialista en la que solicitaba evaluar las consecuencias e iniciar las actuaciones para revisar de oficio el plan parcial de Las Teresitas, y que fue rechazada con 19 votos en contra y siete a favor.
El portavoz municipal de CC, Bruno Piqué, dijo en respuesta a la moción del grupo Mixto que la querella formulada por la Fiscalía Anticorrupción en relación con la compraventa de los terrenos de Las Teresitas “no puede constituir un motivo de suspensión de la tramitación del PGOU, ya que el plan afecta a todo el término municipal y no sólo al citado paraje costero.
Además Piqué consideró que sólo por el hecho de que estos terrenos sean mencionados en la querella no afecta a la validez del plan, y su mención sólo guarda relación con la hipotética responsabilidad que puede derivarse de la misma.
Tampoco tiene el Ayuntamiento por qué dejar sin efectos los actos administrativos “válidamente adoptados” por la mera presentación de una reclamación en este asunto, como hizo la asociación ecologista ATAN, y que además “nada tienen que ver con la tramitación del plan sino con el proyecto de obras, que afecta fundamentalmente al que ejecuta Costas, y se estará en todo caso a su resolución”.
A estas consideraciones habría que añadir la responsabilidad patrimonial “de incalculable cuantía” que pudiera derivarse de una suspensión “infundada” del plan “y más allá de los límites previstos en la legislación urbanística”, advirtió el edil.
También se refirió a las importantes repercusiones económicas derivadas de las reclamaciones que interpondrían las empresas adjudicatarias de las obras, si se procediera a su suspensión.
Añadió Piqué que el grupo Mixto ha hecho consideraciones de carácter político “en las que se atreven a justificar estas medidas con afirmaciones atentatorias contra la presunción de inocencia de autoridades y de funcionarios de la administración municipal”.
En cuanto al argumento del mismo grupo de que ante la proximidad de las elecciones locales es aconsejable suspender la tramitación del PGOU, “lo que debe y va a hacer” el grupo de gobierno, prosiguió Piqué, es culminar su aprobación, en el que ha trabajado intensamente “y que ha generado unas expectativas que no se pueden defraudar sin motivo”.
“Al contrario de lo que se dice en la moción, se han estimado alegaciones en el marco de un proceso de participación cuya duración es inédita en Canarias y ha permitido garantizar de forma real y efectiva la participación vecinal”, señaló Piqué.
Respecto a la moción del grupo Socialista, el portavoz de CC precisó que la revisión de oficio cualquier actuación administrativa corresponde al órgano que la aprobó, en el caso del plan parcial de Las Teresitas, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.
También negó que se incurra en alguna de las causas de nulidad establecidas en la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y además “es evidente”, continuó Piqué, que la revisión debería avalarse en razones “de interés público, conveniencia y oportunidad”.
Asimismo se debería evaluar la repercusión en los intereses municipales y en los propietarios afectados por una nueva propuesta.
“Es evidente que ello llevaría aparejado unas consecuencias de incalculable alcance económico por la responsabilidad patrimonial en la que se podría incurrir con grave daño para los intereses públicos y la hacienda municipal”, declaró Bruno Piqué.