Los ediles de Bienestar Social de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Telde y La Laguna han demandado este martes más recursos y nuevas normas al Gobierno de Canarias para atender las necesidades sociales de sus ayuntamientos, los más poblados de las islas.
Los responsables de ese área en estas cuatro ciudades, que constituyen el denominado grupo G-4, han celebrado una segunda reunión de carácter político y técnica en la capital grancanaria, cuyo edil, Jacinto Ortega, ha informado de que plantearán sus nuevas peticiones a la consejera regional de Empleo y Políticas Sociales, Cristina Valido, en una reunión.
Entre las reclamaciones que expondrán a la consejera figura la creación de una ley de barrios de especial vulnerabilidad en Canarias; que se aborden cambios en la Prestación Canaria de Inserción, ya que no cumple la función para la que se creó porque se reduce solo a la ayuda económica; y tener mayor peso en la Federación Canaria de Municipios para poder acceder a más fondos.
Así mismo, exigen al Gobierno canario más trabajadores sociales en las grandes poblaciones por el alto número de usuarios que atienden, que en el caso de Santa Cruz de Tenerife y Telde se han cuadruplicado en los últimos cuatro años, según han destacado sus ediles, Óscar García y Diego Ojeda, quien ha admitido que están “desbordados”.
Los servicios sociales de estos ayuntamientos tampoco pueden ser el “cajón de sastre” a donde va a parar todo, ha subrayado Ortega, quien ha incidido en que a ellos acuden personas solicitando vivienda y empleo, cuando esa no es su competencia.
En este sentido, la edil de La Laguna, Flora Marrero, ha reiterado la petición de que las políticas de bienestar social exigen un carácter transversal, de manera que en ellas se impliquen todas las administraciones.
En la reunión con la consejera Cristina Valido, que esperan que se celebre en octubre o noviembre, también le urgirán a que se apruebe cuanto antes la nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias que se tramita en el Parlamento y que les informe sobre los cambios que implicará y sobre todo con qué nuevos recursos contarán.
En cuanto a la nueva ley para mejorar la atención de los barrios más vulnerables, Marrero ha reconocido que es complicado que pueda ser aprobada en esta legislatura, pero, al menos, quieren que queden puestos “los cimientos” y que permita planificar las necesidades que presentarán estos núcleos en el futuro.
Se trata de dar un marco jurídico a planes como el estratégico que se llevará a cabo en el barrio de Jinámar, en el municipio grancanario de Telde, que concentra el 46 por ciento de la población que se atiende en los servicios sociales de este Ayuntamiento, ha señalado Ojeda.
Según los datos aportados por cada edil, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria atendió el pasado año a unas 45.000 personas; el de Santa Cruz de Tenerife, a unos 35.000 caso; el de Telde, a 25.000; y el de San Cristóbal de La Laguna, a 22.000.
El edil de Santa Cruz de Tenerife ha hecho hincapié en que más de la mitad de los usuarios de los servicios sociales que presta el municipio piden ayuda por falta de ingresos económicos, no por estar en una situación de “vulnerabilidad”.
Así mismo, la de La Laguna ha remarcado que cada vez son más los hombres que acuden al Ayuntamiento a pedir ayudas porque tiene un empleo con suelos precarios y que también aumenta el número de canarios retornados de Venezuela.
En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, Ortega ha indicado que el perfil de demandantes de ayuda del municipio responde al mayoritario de Canarias, mujeres con hijos a su cargo.
La próxima reunión que celebrarán los responsables de este área está previsto que tenga lugar el próximo mes de enero en Santa Cruz de Tenerife.