La falta de acuerdo político ha llevado a terminar 2024 sin una respuesta al bloqueo de 5.600 menores migrantes en Canarias. Los bandazos del PP y el tira y afloja entre administraciones han impedido al Estado y al Gobierno canario sacar adelante la reforma de la Ley de Extranjería, que permitiría establecer un traslado obligatorio de niños y adolescentes desde las islas hacia el resto de comunidades autónomas. Aunque las regiones gobernadas por el PP han rechazado la fórmula, el Ejecutivo autonómico no ha dejado de culpar al Gobierno central y plantea junto a Euskadi una medida alternativa fundamentada en la “solidaridad” y la “corresponsabilidad territorial”, dos principios que ya han fracasado en los últimos años.
El presidente canario, Fernando Clavijo, y el lehendakari, Imanol Pradales, presentaron su plan un día antes de la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander. Este martes, el texto ha sido remitido a todos los líderes autonómicos. Aunque el reparto obligatorio lleva paralizado desde julio, Clavijo y Pradales piden que se active un mecanismo “extraordinario” en un plazo máximo de tres meses que permita distribuir a los menores y aliviar el colapso de los recursos de las islas “con la figura jurídica oportuna”, sin especificar cuál sería.
El borrador, al que ha tenido acceso este periódico, propone “garantizar un reparto equilibrado, coordinado, ordenado y justo” entre las comunidades y “una memoria autonómica” que lo soporte. Después, piden que sea la Conferencia Sectorial de Infancia la que “retome un debate más sosegado” sobre los criterios de distribución. Para Canarias y Euskadi, estos deben ser la población total, la población acogida (media de menores acogidos por cada 100.000 habitantes en los últimos seis meses), el PIB per cápita, el desempleo y la solidaridad (número de menores acogidos en los últimos años).
El Ministerio de Juventud e Infancia ya ha calculado a cuántos menores podría recibir cada autonomía en función de su población. El documento del que ha partido el Gobierno central para negociar con el PP la reforma de la Ley de Extranjería plantea que el número óptimo de plazas en el sistema de protección de menores en el conjunto de España sería de 23.597 plazas estructurales.
La ratio que maneja el Estado es de una plaza por cada 2.250 habitantes. De esta manera, Cataluña (4.651 plazas óptimas), Andalucía (3.839) y Madrid (3.137) son las regiones que podrían tener una capacidad de acogida mayor, de acuerdo con los datos censales más actualizados. Por su parte, Canarias tendría que contar con 1.063 plazas frente a las más de 5.000 que tiene en la actualidad y Ceuta tendría un cupo de 82 jóvenes sin referentes familiares frente a los 470 que atiende.
El texto del Ministerio “también garantiza unos umbrales máximos del sistema de acogida a partir de los cuales se haría necesaria la asistencia financiera del Estado”. En esta línea, la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería permitiría al Estado intervenir cuando la red de centros de una comunidad esté por encima del 150% de su capacidad, como sucede ahora en Canarias.
Otra de las alternativas propuestas por el Gobierno canario para aliviar el hacinamiento de menores en los centros de las islas pasa por exigir al Estado el traslado de 500 jóvenes que tienen la condición de asilados. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha solicitado que el Ministerio de Migraciones atienda a estos menores en sus recursos para refugiados.
A pesar de que en las islas conviven 5.600 menores sin que se garanticen sus derechos fundamentales, tal y como ha reconocido Fernando Clavijo, el Gobierno de Canarias ha recortado en un 62% su presupuesto para atenderlos en 2025. El Archipiélago destinará este año una partida de 5,6 millones de fondos propios frente a los 15 millones que dedicó en 2024. Desde el Ejecutivo regional explicaron que a esta cifra se deben sumar las cantidades comprometidas por el Estado.
El fracaso de la solidaridad
El texto firmado entre Clavijo y Pradales insta al Gobierno de España a “promover de manera eficaz la distribución equitativa de los y las menores, cooperando activamente y aportando los correspondientes recursos materiales y económicos”. Por otro lado, plantean el diseño de un Plan Estratégico de Migración que considere a Euskadi como frontera norte, de manera que el Estado le conceda más fondos para “atender con dignidad a las personas en tránsito”.
El pacto urge a aplicar “de forma efectiva” la solidaridad y la corresponsabilidad territorial “tal y como está recogido en el ordenamiento jurídico”. La necesidad de establecer un reparto obligatorio parte, entre otras causas, del fracaso de los traslados voluntarios vigentes hasta ahora. Cada año, las comunidades se comprometen a acoger a un número de jóvenes sin familia. Sin embargo, los datos evidencian que el mecanismo no ha funcionado. De los 373 traslados comprometidos en 2023, en julio de 2024 solo se habían producido 67, a pesar de que se distribuyeron 20 millones de euros del Estado para ello.
Las únicas regiones que recibieron a algunos menores fueron Andalucía (30 de 36), Aragón (16 de 24), Asturias (16 de 32) y Navarra (5 de 17). En la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada en julio en Tenerife, el PP se limitó a desbloquear la derivación voluntaria y no vinculante de 347 niños y adolescentes, a pesar de que es necesario derivar a 2.000 jóvenes para aliviar la saturación de los centros.
Los traslados solidarios acarrean engorrosos trámites que impiden responder con rapidez ante situaciones de emergencia. La falta de personal, la lentitud para habilitar plazas en las comunidades de destino, la lentitud de las autonomías para firmar los protocolos de desplazamiento y los requisitos que estas imponen son algunos de los obstáculos que impiden que se materialice este acuerdo, como por ejemplo la exigencia de perfiles concretos de menores.