La propuesta de la que parte el Gobierno central para negociar con el PP la distribución de menores migrantes por comunidades autónomas prevé que Canarias acoja a 1.000 niños y niñas frente a los más de 5.000 que acoge en la actualidad. La distribución que plantea el Ministerio de Juventud e Infancia fija un número de plazas óptimas por comunidad autónoma según el número de población tomando los datos censales más actualizados.
“Este documento pretende ser la base para un acuerdo que regule el número de plazas de las que dispone el sistema de protección de la infancia y la adolescencia. Pese a que este sistema es de competencia exclusiva de las comunidades autónomas, se ha abierto un debate respecto a la adaptación del sistema ante las llegadas de niños y niñas migrantes no acompañados a determinados territorios, generándose así una situación de presión sobre sus sistemas de primera acogida”, señala la propuesta a la que ha tenido acceso este periódico.
“El sistema de protección de menores en las diferentes comunidades autónomas viene respondiendo a un carácter de ”apertura formal o a demanda“ de las plazas disponibles, lo que hasta hace cinco o seis años daba respuesta a la situación de la infancia en desamparo. Con la situación a la que se enfrenta este sistema ante un fenómeno dinámico y estructural como es el fenómeno migratorio, en lo que a personas menores no acompañadas se refiere, el carácter del sistema debe transitar de las plazas a demanda hacia plazas estructurales”, incide la propuesta del Ministerio de Infancia.
El PP rompía negociaciones el fin de semana aludiendo a que España ha renunciado a pedir ayuda a la UE, como solicitaba este partido. Sin embargo, el Gobierno negó haber rechazado dicha ayud para la distribución de menores y asegura que los populares han roto las negociaciones en base a “una información falsa”. Este mismo lunes el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, declinaba censurar que el PP, socio de Coalición Canaria, haya roto las negociaciones para lograr un acuerdo sobre la distribución de menores migrantes entre las comunidades autónomas. Según ha insistido, la posición es la de seguir en la “senda del diálogo” y en que los dos grandes partidos del Estado lleguen a un acuerdo.
Según el acuerdo que propone el Ministerio de Infancia, si se atiende al número de plazas en el conjunto del Estado hay una media estatal de una plaza por cada 2.546 habitantes. Cada comunidad autónoma “tiene una media diferente que puede ser mayor o menor que la nacional por lo que se ha establecido el criterio ponderado de que sería necesario que cada región tuviese una plaza por cada 2.250 habitantes”, resume el documento.
Además, el número óptimo de plazas en el sistema de protección de menores en el conjunto de España sería el de 23.597 plazas estructurales. Si se realiza la comparativa entre el número de plazas óptimas y el siguiente ratio de sobreocupación del 50% de las mismas hasta llegar al 150% de ocupación, se aprecia que únicamente Canarias y Ceuta estarían en la actualidad en una situación de sobreocupación por encima del 150% de sus plazas en el sistema de protección.
De acuerdo a esa ratio que plantea el Gobierno de una plaza por 2.250 habitantes, el número de plazas óptimo de Canarias es de 1.063, mientras que Ceuta tendría 82, frente a los 470 que acoge en la actualidad.
Catalunya sería la comunidad que mayor número acogería (4651), a la que le sigue Andalucía con 3.839; Madrid, 3137; comunidad Valenciana, 2382; País Vasco, 1.491 o Galicia, con 1.203.
“Este acuerdo también garantiza unos umbrales máximos del sistema de acogida a partir de los cuales se haría necesaria la asistencia financiera del estado, incluyendo la sobreocupación a partir de un 150% del número fijado por cada territorio, una cifra máxima que ya se propuso en la reforma del artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería. Pero no hablamos exclusivamente de cifras”, detalla el documento.
En el pleno del Parlamento de Canarias de este martes, la diputada socialista Nira Fierro ha señalado que el PSOE “jamás, jamás, jamás se ha levantado ni se va a levantar de una mesa de negociación” y ha preguntado si es “cierto” que el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez (PP) apoya una “solución europea” que aplaza el problema en el tiempo hasta 2026 con la aplicación de un reglamento obviando la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería y la obligatoriedad para la comunidades autónomas a acoger a los menores migrantes que llegan a Canarias.
Fierro ha insistido en preguntar si el vicepresidente “está o no de acuerdo” en la propuesta que ha hecho el Gobierno de España de aplicar criterios objetivos por población para la distribución de los menores y que haría que Canarias pasara de acoger 6.000 a 1.000.
Además, en una intervención recogida por Europa Press, Fierro ha dicho que en torno a las negociaciones solo hay “tres datos objetivos”, que el PP “votó en contra” el 23 de julio de la admisión a trámite de la reforma de la ley de extranjería, que “se levantó” de la mesa de negociación y que la propuesta de distribución del Gobierno de España “es justa con la población” y “mejora” la situación de Canarias.