Fernando Clavijo ha defendido este martes en el pleno del Parlamento de Canarias que aún es demasiado pronto para evaluar los efectos de la aplicación de la Ley del Suelo y Espacios Naturales de Canarias. El presidente del Gobierno de Canarias ha puntualizado que todavía no ha transcurrido un año, por lo que afirma que “evaluar una ley que ha sido aplicada hace tan solo diez meses es un ejercicio poco serio desde un punto de vista económico y normativo”. De este modo, no ha concretado la pregunta realizada por la portavoz del Grupo Socialista, Dolores Corujo.
La ley fue publicada el 13 de julio de 2017 y entró en vigor el pasado mes de septiembre. El presidente afirmó que durante estos diez meses se han dado cursos de formación a más de 600 funcionarios y técnicos, se han redactado 17 informes jurídicos, y recalcó que el PIB ha pasado del 1,5 al 1,7 en el sector primario, principalmente con el sector turístico. También añadió que en materia de energías renovables se han implantado parques eólicos y huertos, cosa que no hacía la anterior legislación.
Además de interrogarle por el supuesto crecimiento del empleo y de los sectores agrícola e industrial que traería consigo la ley, Corujo hizo referencia a los planes generales aprobados por los ayuntamientos.
A este efecto, Clavijo quiso hacer hincapié en que aprobar los planes generales ya no es parte de su gestión. “Ya no hay que ir a los cabildos para obtener las licencias de calificaciones territoriales, lo que no puede es responsabilizar al Gobierno con cosas que usted no ha hecho en su propio municipio con el plan general”, respondía.
Corujo, actual alcaldesa del municipio lanzaroteño de San Bartolomé, vio en esta respuesta un ataque a su gestión municipal. A su parecer, Clavijo “tiene una obsesión con aquellos ayuntamientos, alcaldes o alcaldesas socialistas que no gobiernan bajo sus siglas”, a la vez que recalcaba que cuando el hoy presidente fue alcalde de La Laguna, “no pudo aprobar ningún plan”.
Tras recordar a la socialista que tanto el PSOE como la Fecan (Federación Canaria de Municipios) aprobaron de manera unánime dicha ley, Clavijo defendió que en todo caso hizo referencia directa a la gestión de los municipios de San Bartolomé y Arrecife porque, según él, estaba poniendo en responsabilidad del Gobierno que no se hubieran aprobado los planes generales.
“Si hay municipios incapaces de hacerlo, pueden asistir a la propia Comunidad Autónoma, pero no a la norma, que da responsabilidad a los gestores de los ayuntamientos”, matizó.
Tras agregar que su gestión es mejorar la calidad de vida de los dos millones de canarios, volvió a pedir un poco de paciencia para ver cómo sigue transcurriendo.