El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, no cree que los reparos de la Intervención del Ayuntamiento de La Laguna a los contratos públicos que prorrogó siendo alcalde de la ciudad puedan dar lugar a ningún tipo de ilegalidad. Es más, cree que “el interventor puede reparar o no y puede tener o no razón, [pero] no es el que tiene que ser garante de la legalidad de los contratos”.
Fernando Clavijo opina que estos habilitados nacionales “en ocasiones pueden reparar por criterios meramente técnicos contables y [eso] no tiene nada que ver con la legalidad o no de, llegado el momento, por distintas circunstancias, que se pueda renovar un contrato”.
Sin embargo, la Ley de Bases de Régimen Local fija claramente el papel de los interventores: “El control y fiscalización interna de la gestión económica-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación” (artículo 92 1-B), y de los secretarios, “comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo”.
El artículo 136 precisa aún más las competencias de la Intervención: “La función pública de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, en su triple acepción de función interventora, función de control financiero y función de control de eficacia, corresponderá a un órgano administrativo, con la denominación de Intervención general municipal”.
El artículo 214 de las Ley de Haciendas Locales es aún más contundente sobre el control de legalidad que deben aplicar los interventores: “La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso”.
En declaraciones a Radio 5, de Radio Nacional de España (RNE), Clavijo restó este martes importancia a las informaciones de Canarias Ahora sobre los contratos prorrogados por él y por su sucesor, José Alberto Díaz, al frente de la alcaldía de la ciudad de La Laguna en contra de los informes de la Intervención: “Ocurre en el Gobierno de Canarias, en los cabildos y en los 88 municipios de Canarias y los ocho mil y pico de España”, aseguró.
“El interventor”, insistió, “no es el garante de legalidad de ningún tipo de procedimiento”.
Preguntado en RNE por la reapertura del caso Grúas, reabierto por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife con una severa reprimenda a la jueza instructora que lo archivó en La Laguna, el presidente del Gobierno de Canarias dijo sentirse el objetivo de la oposición: “Soy el objetivo, y es normal que sea el objetivo, de una labor de oposición que no entiende de ideas, sino que lo que quiere es contaminar y generar un clima hostil”.
Clavijo restó importancia al asunto y recordó que en su momento se cerró una comisión de investigación en el Ayuntamiento de La Laguna sin reproche a su gestión después de que la oposición la abandonara por desviarse del objetivo previsto.
Esa persecución de la que es objeto por la oposición también justificaría a su juicio las informaciones sobre las prórrogas irregulares de los contratos de servicios públicos. “Han tenido que sumar muchos contratos de distintas etapas para que la cantidad les saliese lo suficientemente llamativa para que fuese noticia”.