El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha reafirmado este viernes que la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, es la “única solución a corto plazo” para aliviar la presión de la atención de los 5.500 menores no acompañados llegados a las islas en embarcaciones precarias y que actualmente tutela la Comunidad Autónoma. Sin embargo, hace cuatro meses, el PP (socio de Gobierno en Canarias) votó en contra de admitir a trámite parlamentario la modificación de la Ley.
Ahora, el líder del Gobierno regional ha dicho, tras el encuentro del Pacto Canario por la Inmigración, que esta reforma “permitirá aligerar la presión que en estos momentos sufre Canarias” y califica al resto de medidas como “meros parches que no resolverán la saturación de los ya 86 centros que disponemos en las islas”.
El Gobierno de Canarias y los grupos parlamentarios (excepto Vox) han ratificado en el Pacto su unidad a favor de la reforma legal. Clavijo manifestó su deseo de llegar a esa cita con el Gobierno de España y todos los gobiernos autonómicos, no solo con el acuerdo que permita la distribución de los menores no acompañados “sino con la posición común de toda la sociedad canaria, que está representados en el consejo asesor del presidente, sindicatos, patronales, asociaciones y grupos políticos”.
Por otra parte, el presidente regional reconoció que se están barajando dos fecha para la reunión con el Gobierno de España y el PP, para intentar llegar a un acuerdo sobre la modificación antes de la Conferencia del 13 de diciembre, por lo que espera que “se pueda conocer el contenido de la carta que se envió desde España a la comisaria Úrsula Von der Leyen, cuando su gabinete autorice hacerla pública, y ya ninguna de las otras dos partes tenga argumentos para no sentarse a dialogar, porque hay que hacerlo aunque no lleguemos a un acuerdo”.
Finalmente, el presidente valoró positivamente su reciente viaje a Bruselas donde recibió el compromiso de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de visitar el archipiélago a partir de enero para conocer “lo que aquí está pasando” y la voluntad de participar en la comisión parlamentaria europea para tratar este asunto, “en la que podamos intervenir tanto el Gobierno de Canarias como los portavoces canarios.