Canarias es una de las regiones españolas donde más ha aumentado la población en los últimos años: 500.000 habitantes más en apenas 20 años, hasta superar ya los 2,2 millones de residentes en un territorio fragmentado y frágil, con casi un 40% del suelo protegido. Y mientras no se toma ninguna medida para limitar o frenar el aumento poblacional, el Gobierno canario apuesta como solución a la falta de viviendas asequibles construir más, incluso en suelo rústico, ante la “creciente demanda”.
Así lo ha expuesto este jueves el presidente regional, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), tras reunirse junto al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, con el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Manuel Illueca, para abordar posibles líneas de financiación que permitan acelerar la construcción de nuevas viviendas en régimen de alquiler asequible en Canarias.
Clavijo ha considerado “prioritario” no solo aumentar la oferta y mejorar las condiciones habitacionales sino también abordar el problema de la vivienda a través de una batería de medidas.
Casi 6.000 millones de euros disponibles
“Para abordar la financiación destinada a la construcción de vivienda en las Islas, existen disponibles 4.000 millones de euros provenientes de los fondos Next Generation, así como con 2.000 millones adicionales aportados por el Ministerio”, dijo Clavijo.
Aquí, señaló que con este propósito, el ICO ha acordado enviar un equipo a Canarias y coordinar una reunión con promotores y asociaciones empresariales para abordar las condiciones de acceso a esta financiación.
Para concluir, el presidente ha insistido en que este encuentro “es un paso más en los esfuerzos del Ejecutivo canario para asegurar los recursos necesarios para abordar la crisis habitacional en las islas”.
Por su parte, Pablo Rodríguez ha insistido en que “es fundamental reconocer que, además de que el sector público siga construyendo inmuebles, el sector privado tiene un rol clave en la creación de vivienda en régimen de alquiler asequible”.
“El Instituto de Crédito Oficial -continuó- tiene un papel crucial, ofreciendo financiación en condiciones más ventajosas que las del mercado, facilitando así la viabilidad de proyectos de viviendas en alquiler asequible”.
Decrto canario de vivienda
En febrero de este año, el Gobierno canario aprobó su decreto de vivienda, una norma que hizo las delicias de las patronales de la construcción pero que fue tachada por los partidos de la oposición como un “golpe de estado a la planificación urbanística”, ya que contempla no solo edificar más, sino reconvertir locales comerciales en viviendas y hasta la habilitación de suelo dotacional (pensado en un principio para levantar escuelas, hospitales o parques) para construir bloques de pisos. Expertos consultados por este periódico señalaron entonces que esta norma no aportaba soluciones a corto plazo, y además, presuponía que a más oferta menor precio, pero advertían de que con el mercado inmobiliario no siempre ocurre así, ya que es altamente especulativo.
El decreto, además, no contempla ninguna medida para controlar o evitar la especulación o el acaparamiento de propiedades.
En las Islas hay en torno a 25.000 familias en la lista de espera por una vivienda pública más un número elevado de personas que no son capaces de acceder al mercado libre. El consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, afirmó en febrero que “el evaluador [de la norma] no va a ser cuánta vivienda vaya a construirse, sino cuánto va a bajar el precio del alquiler a partir de su aplicación”. Sin embargo, Jordi González, doctor en Sociología por la Universidad de Leeds y colaborador del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), ve muy complicado que algo así suceda. Explica que, para influir en el mercado inmobiliario, del que se desconoce prácticamente todo en las Islas, es necesario contar con porcentajes elevados de vivienda pública (entre el 30 y el 40% con respecto al total). Eso permitiría rebajar la tensión del alquiler y democratizar el acceso a un hogar digno. Sin embargo, la cifra en Canarias es irrisoria en este sentido: el parque de pisos sociales representa menos del 1% de las 820.000 casas levantadas en la Comunidad Autónoma, según el Diputado del Común, y harían falta 38.000 inmuebles destinados a alquiler social y otros 46.000 a alquiler asequible para alcanzar el objetivo que pretende el consejero, de acuerdo con un estudio de la promotora Culmia.