Coalición Canaria ha defendido en la Comisión General de Cabildos del Parlamento de Canarias que el decreto ley del Gobierno de Canarias que cambia la Ley de cambio climático se tramite en la cámara legislativa como proyecto de ley, una posibilidad que no ha sido mencionada por el PP, de cuya Consejería de Transición Ecológica partió la norma.
Aunque el PP no se pronunció sobre esa posibilidad, también el PSOE y Nueva Canarias pidieron la participación del Parlamento para poder presentar enmiendas y cambios, una posición también respaldada por algunos de los cabildos que han asistido a esta comisión parlamentaria, como es el caso de los de Fuerteventura y Gran Canaria, los más críticos con el decreto gubernamental.
A la comisión general de cabildos del Parlamento de Canarias se convoca a los representantes de los cabildos insulares para que den su parecer sobre iniciativas legislativas que afectan a sus competencias.
En esta sesión había dos de esas iniciativas, la proposición de ley de iniciativa legislativa popular sobre volcanes de Canarias, que fue apoyada por todos, aunque recibirá cambios en su tramitación parlamentaria, y el decreto del Gobierno que modifica la Ley del cambio climático.
El decreto del Gobierno para cambiar la Ley del cambio climático fue presentado ante la comisión parlamentaria por la viceconsejera de Transición Ecológica, Julieta Schallenberg, quien señaló que el objetivo es acelerar la implantación de energías renovables para pasar del actual 20% de penetración al 58% en seis años.
El decreto de modificación de la Ley anterior del cambio climático, aprobada en la pasada legislatura, se produjo después de un acuerdo bilateral con el Estado para cambiar once aspectos que podrían entrar en conflicto con la normativa estatal.
Pero el Gobierno canario ha aprovechado para incluir otros cambios adicionales para lograr los objetivos de descarbonización, dijo la viceconsejera.
Así, se crean zonas de aceleración de energías renovables en las que se flexibilizan los requisitos y la burocracia para aprobar nuevos proyectos.
Otras medidas nuevas son la obligatoriedad de instalar cubiertas fotovoltaicas en todos los edificios de nueva construcción y rehabilitación, la derogación de las ordenanzas municipales que restringen la instalación de paneles fotovoltaicos en los tejados y la posibilidad de instalación de paneles en áreas antropomorfizadas con una simple comunicación previa, sin necesidad de esperar autorización municipal.
En representación del Cabildo de Fuerteventura, su consejero Enrique Pérez Brito replicó que el Gobierno no ha tenido en cuenta sus alegaciones y acusó al ejecutivo de vulnerar las competencias de planificación de los cabildos y la autonomía municipal.
Denunció el riesgo que supone “permitir instalaciones energéticas en cualquier lugar sin criterios paisajísticos y ambientales claros” y exigió que cada isla pueda decidir su propia zonificación de energías renovables.
“Este decreto parece favorecer los intereses de los proyectos de energías renovables por encima de la capacidad decidir de las administraciones locales sobre la ordenación territorial”, afirmó el representante de Fuerteventura, quien consideró crucial que el decreto ley se tramite como proyecto de ley para poder introducir cambios.
La representante del Cabildo de Gran Canaria, Inés Miranda Navarro, se quejó de la escasa participación que ha dado el Gobierno a las corporaciones insulares y afirmó que no se justifica un cambio de tanto calado por decreto por parte del poder ejecutivo y excluyendo al poder legislativo.
“La exclusión de la evaluación ambiental de esta ley es audaz y preocupante, podría entrar en conflicto con la legislación estatal y europea sobre evaluación ambiental”, advirtió la representante de Gran Canaria, quien defendió que son los cabildos los que deben decidir sobre las zonas de aceleración de las energías renovables.
José Miguel Ruano, por el Cabildo de Tenerife, sí se mostró satisfecho con la participación dada a las corporaciones insulares, aunque reconoció que el plazo de solo diez días fue breve.
Señaló además que además que algunas modificaciones de la Ley anterior del cambio climático “no están claramente resueltas” respecto a las nuevas denominaciones de planificación.
“Hay aspectos administrativos que necesitan clarificación”, dijo Ruano, quien pidió mecanismos para coordinar la planificación insular y la gestión de los recursos naturales de manera efectiva entre administraciones.
Pablo Díaz Coviella, del Cabildo de La Palma, pidió que se incluya la geotermia entre las zonas de aceleración de las energías renovables.
Por La Gomera, Rosalena García Meneses consideró importante la colaboración técnica y financiera entre el Gobierno de Canarias y los cabildos para abordar la transición energética.
El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, no quiso pronunciarse sobre el nivel de participación o la conveniencia de abordar este asunto mediante un decreto, porque a él le importa más “asegurar que estas iniciativas se implementen de manera efectiva para alcanzar los objetivos energéticos insulares”.
Tanto Luis Campos, de Nueva Canarias, como Alicia Vanoiostende, del PSOE, defendieron la tramitación parlamentaria del decreto como proyecto de ley ante la escasa participación dada por el Gobierno a la sociedad, a ayuntamientos y a cabildos en un cambio sustancial en la Ley del Cambio Climático.
Por la mayoría gubernamental, ni Carlos Ester, del PP, ni Melodie Mendoza, de ASG, ni Raúl Acosta, de AHI, se definieron al respecto, pero sí se mostró favorable a la tramitación parlamentaria del decreto como proyecto de ley José Miguel Barragán, de Coalición Canaria.
“Consideramos que tiene que tramitarse como proyecto de ley, porque queremos estudiar las observaciones de los cabildos y las del Consejo Consultivo de Canarias”, que ha hecho algunas precisiones para garantizar la seguridad jurídica del decreto, explicó Barragán.