Coalición Canaria aumentó un 11% el gasto en conciertos sanitarios en dos años

“Con 16 millones de euros se soluciona la lista de espera en Canarias”. La frase la pronunció José Manuel Baltar, por aquel entonces gerente de Hospitales San Roque, el 12 de septiembre de 2016 en una entrevista en la Cadena SER. El también vicepresidente de la patronal española de las clínicas privadas abogaba en aquel momento por incrementar en esa cantidad la partida destinada a los conciertos sanitarios para acabar con las demoras de más de seis meses para los pacientes que tenían que someterse a una intervención quirúrgica o una prueba diagnóstica. Menos de cuatro meses después, el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), lo nombraba consejero de Sanidad tras la ruptura del pacto firmado por los nacionalistas y el PSOE tras las elecciones de 2015 y la salida del Ejecutivo de los consejeros socialistas, entre ellos del antecesor de Baltar, Jesús Morera, actual gerente del Hospital Negrín de Gran Canaria.

Durante los dos años completos de Baltar al frente de la Consejería de Sanidad, el gasto en derivaciones se incrementó un 11%. Así se desprende de los datos recogidos en el último informe publicado por el Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad (IDIS), una fundación que aglutina a los principales operadores del sector sanitario privado en España. En 2016, el coste de los conciertos ascendió a 259 millones de euros. Un año después, ya con CC en solitario en el Ejecutivo, la cifra ascendió a los 279. Y en 2018, el último ejercicio íntegro del exgerente de Hospitales San Roque en el cargo, el gasto volvió a incrementarse hasta los 288 millones, 29 más de los que destinó dos años antes el equipo que le precedió.  

Las cantidades, por tanto, se asemejan bastante a las que propuso Baltar cuatro meses antes de asumir las riendas de un departamento que, en aquel momento, rondaba los 3.000 millones de euros de presupuesto. Con ese considerable incremento del gasto en derivaciones, el exconsejero no logró su objetivo de acabar con las demoras, aunque sí logró reducirlas de forma notable. El 31 de diciembre de 2016 eran 12.817 las personas que aguardaban más de seis meses para someterse a una intervención quirúrgica en el Archipiélago. Los tiempos de espera se habían disparado hasta los 181 días en el segundo semestre de ese ejercicio, justo en la época en la que se comenzaron a evidenciar públicamente las diferencias entre CC y el PSOE en materia sanitaria. En el mes de agosto, Fernando Clavijo reunió a los gerentes de los hospitales públicos de las islas y les ordenó recortar 50 millones de euros “sin importar dónde” para ajustarse al techo de gasto y evitar la desviación presupuestaria. Esa instrucción, que contó con la oposición de los socialistas, acrecentó la tensión en el seno del gobierno y el pacto acabó por romperse en los últimos días de 2016.

Durante el primer año de Baltar, la mejora en la lista de espera fue moderada. La demora media se redujo en cinco días y el número de personas que estaban pendientes desde hacía más de seis meses de una operación bajó en algo más de 3.000. El entonces consejero justificaba el incremento de derivaciones hacia las clínicas privadas por el “cuello de botella” en camas y quirófanos públicos en Canarias, la comunidad que presentaba peores registros en estos indicadores. El avance más destacado se produjo, sin embargo, en el segundo ejercicio, cuando la cifra de pacientes con más de seis meses de espera descendió hasta las 5.809 personas, menos de la mitad que dos años antes, y la demora, a los 139,82 días.

De los datos recogidos en el último informe de la fundación IDIS también se infiere que el gasto en concertaciones creció en mayor proporción que el del conjunto de las cuentas del Servicio Canario de Salud. En ese periodo de dos años, los fondos para Sanidad se incrementaron en 269 millones de euros (de los 2.793 a los 3.062), un 9,6% frente al aumento del 11% en las derivaciones. También durante esa época se produjo la mayor desviación del gasto en conciertos con la sanidad privada con respecto a la partida incluida en los presupuestos de la comunidad autónoma. En 2017 se reservaron para este fin 207,9 millones de euros en las cuentas y las clínicas privadas acabaron facturando de la administración autonómica 279. Es decir, 71,1 millones más. En 2018, la diferencia fue de 68,8 millones, de los 219,2 previstos a los 288 ejecutados. En total, casi 140 millones de euros frente a los 114 de los dos años precedentes.

En Canarias, en torno al 70% de los gastos en servicios asistenciales con medios ajenos se destinan a los conciertos con entidades privadas para la hospitalización de pacientes y la realización de intervenciones quirúrgicas. La externalización de los tratamientos de hemodiálisis cuesta a las arcas públicas alrededor de 28 millones de euros al año, lo que significa aproximadamente el 12% de los fondos reservados para derivaciones. Para las pruebas de resonancia magnética y medicina nuclear, el Servicio Canario de Salud asume un coste anual en derivaciones que ronda los 20 millones de euros, mientras que la rehabilitación y la fisioterapia concertada se lleva entre 11 y 13 millones al año y la oxigenoterapia a domicilio, entre 6 y 8.

El Archipiélago cuenta en la actualidad con 24 hospitales de titularidad privada frente a 14 complejos públicos. Sin embargo, dos de cada tres camas sanitarias de las Islas (4.964 de un total de 7.551) pertenecen al Servicio Canario de Salud. El informe de IDIS revela un incremento constante en la contratación de seguros médicos privados. En 2016, el número de asegurados en las Islas era de 337.723 personas. En 2019, esa cantidad ascendió en un 32,4%, hasta las 417.993. La facturación de las entidades privadas por las primas aumentó en este periodo en 52 millones de euros, de los 255 a los 307. En términos porcentuales, un 20%.