La portavoz de Coalición Canaria (CC), María Fernández, ha sido designada directora de la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, donde gobierna un partido asociado, La Fortaleza. El acceso a dicho puesto, con una retribución de más de 3.500 euros brutos mensuales, le permite abandonar su trabajo como abogada en el despacho MF Consultas jurídicas, para dedicarse a esa nueva tarea y a la que le exige su cargo orgánico.
Esta contratación en una empresa pública se produce justo cuando queda un año y cuatro meses para que Fernández acceda a su acta como diputada en el Congreso en el escaño que Coalición Canaria comparte con Nueva Canarias (NC), con quien concurrió conjuntamente en 2019 en la circunscripción de Las Palmas. Los primeros dos años y medio es Pedro Quevedo quien lo ocupa.
La también secretaria ejecutiva del Área Metropolitana de CC ha explicado a este periódico que se ha presentado al proceso de selección como ha hecho con “algunos otros” a lo largo de su vida laboral, y ha asegurado “que no tiene relación con que cuando me toque con base al pacto entrar como diputada, pueda hacerlo”. De hecho, en julio de 2022, Fernández podrá acceder a su acta como diputada tramitando una excedencia del puesto en el que ha sido recientemente designada. Pedro Quevedo, por su parte, no ha revelado si esa contratación en un puesto de libre designación en un municipio donde ambos partidos comparten gobierno pudiera estar relacionado con el cumplimiento de ese acuerdo de tiempo compartido. La voluntad de Nueva Canarias, ha dicho, es “cumplir el acuerdo” y será Fernández quien “tendrá que decidir en su momento qué mantiene”.
El pasado 19 de marzo el Boletín Oficial de la provincia de Las Palmas (BOP) publicó la propuesta de nombramiento de María Fernández para la dirección de la empresa pública tras un proceso de contratación cuyas bases fueron reveladas en septiembre de 2020 y modificadas un mes después. En concreto, el presidente del Consejo de Administración de la entidad, Roberto Ramírez (Nueva Canarias), aprobó en febrero el nombramiento de la abogada María Fernández, que fue la primera seleccionada en la propuesta de la Comisión de Valoración, creada ad hoc con tres miembros para realizar el procedimiento. En un informe del pasado 19 de febrero, el órgano de selección concluyó que la número dos de la lista conjunta de NC-CC al Congreso “se adapta mejor al perfil necesario para realizar las funciones propias del puesto convocado” porque ha mostrado propuestas concretas que “se ajustan más a la política municipal que se pretende implantar en Cultura y Deporte”.
En las bases se fijaba que el puesto requiere “dedicación exclusiva y plena disponibilidad horaria” y está sometido a las restricciones impuestas a la Ley de Incompatibilidades. Las funciones que debe desempeñar en la Dirección van desde la redacción de los presupuestos y las memorias de actividades del ente a ordenar los gastos o dirigir los servicios. Y las retribuciones brutas anuales ascienden hasta los 42.983,22 euros. Para concurrir, se exige una titulación de grado universitario, licenciatura o equivalente y experiencia profesional en el sector privado o público superior a tres años.
Además, también se reclamaba la presentación de un proyecto de actuación para la mejora de la eficiencia y eficacia de la empresa pública, con una extensión máxima de cuatro páginas. Aquellos candidatos que tuvieran una titulación académica en Derecho, como es el caso de Fernández, o en Administración y Dirección de Empresas, serían mejor valorados. En el mismo sentido, las bases especificaban que se valoraría tener experiencia en el servicio de las administraciones públicas, organismos autónomos, consorcios o sociales públicas durante dos años como mínimo. No se exigía ni titulación ni experiencia en gestión cultural o deportiva.
María Fernández ya ha ocupado puestos de personal de confianza en las administraciones a cargo de su partido. Desde enero de 2017 a julio de 2019 -durante la Presidencia de Fernando Clavijo (CC)- fue asesora del Gobierno de Canarias, y en septiembre de 2019 fue designada por Coalición Canaria candidata al Congreso por la provincia de Las Palmas.
La Secretaría de la Gerencia de la empresa pública se encargó de examinar las once candidaturas admitidas para el posterior proceso de selección, a cargo de la Comisión de Valoración, que eligió en diciembre a las tres más idóneas. Tras una entrevista individual realizada en enero a cada postulante, el órgano consideró que “dos de los tres candidatos presentan un perfil adecuado”. El rechazo a una de ellas obedeció a la imposibilidad de poder prestar “una dedicación completa y exclusiva”, al declarar Sonia Santana durante su entrevista su intención de no abandonar su actividad profesional para un puesto que “va con la legislatura”. Ello “supondría un incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades” a juicio de la Comisión.
La Comisión también situó como tercera a la candidatura de Santana porque “no cumple con los requisitos exigidos en la convocatoria” al no contar con experiencia en el área de Cultura y Deporte, no haber ocupado cargos directivos y porque el proyecto presentado para mejorar la eficacia de la empresa municipal es “puramente teórico y no plantea líneas de actuación concretas”. El mismo argumento es empleado por la comisión para situar en segunda posición a la candidatura de Javier Parrilla, aunque le reconoce experiencia en “conocimientos técnicos en materia económica y contable”.
Por lo tanto, el órgano concluye en una sesión de una hora y media de deliberación durante el pasado 19 de febrero que María Fernández es la persona idónea para el puesto al mostrar en su entrevista y en su proyecto el mejor perfil para ostentar la Dirección de la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes, si bien no se recoge que cuente con experiencia acreditada en la materia ni se hace referencia a su posible incompatibilidad con el cargo como diputada. Y el 26 de febrero, el Consejo de Administración de la empresa pública aprobó el nombramiento que ha sido publicado este 19 de marzo en el BOP.
El órgano encargado de seleccionar a las tres candidaturas más idóneas de todas las presentadas fue determinado por el propio Consejo de Administración de la entidad pública. Y se constituyó con Sara Hérnandez (presidenta), Noemí Naya y Pedro Sánchez Vega. Este último es concejal de Deportes, Comunicación y Recursos Humanos y miembro del partido La Fortaleza, que gobierna el Consistorio junto a NC y el Partido Popular (PP). Esto motivó una demanda en el Juzgado de lo Social Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria del concejal Manuel Hernández (Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana) contra la empresa municipal y a Fernández, al considerar que se incumplía el procedimiento establecido para la contratación pública recogido en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
La Ley recoge que las administraciones o entidades públicas seleccionarán a su personal mediante procedimientos en los que confluyan la imparcialidad, independencia y profesionalidad de los miembros en los órganos de selección; además, fija que los cargos electos no podrán formar parte del mismo. En su escrito de demanda, Manuel Hernández manifiesta que el hecho de que el concejal de Deportes, Comunicación y Recursos Humanos forme parte del tribunal de selección supone la vulneración de la normativa, puesto que al ser miembro de un partido político que ha pactado con la formación a la que pertenece Fernández, carece de independencia, puede tener interés personal para influir en el procedimiento y debe abstenerse. Y exigía que se decretara como medida cautelar la suspensión del proceso selectivo. Pero el juez rechazó adoptar dicha petición y desestimó el posterior recurso. El proceso siguió adelante y según fuentes municipales, el alcalde Santiago Hernández hará efectivo el nombramiento este martes y Fernández deberá tomar posesión en el pazo de tres días hábiles desde la publicación de su nombramiento en el BOP.
El Juzgado de los Social Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria desestimó la demanda presentada porque los criterios de selección del puesto se adecúan a las funciones que se desarrollarán. Y sobre la elección de los miembros de la Comisión, establece que la plaza a cubrir es para la “dirección de una sociedad que se ha de regir por normas de derecho privado” y la convocatoria “se adecúa en su formato y condiciones a muchas otras efectuadas en el ámbito de las sociedades empresariales públicas, estando la apariencia de buen derecho de lado de la mercantil pública”.
Sánchez ha explicado a esta redacción que él ha formado parte de la Comisión de Valoración como secretario junto a “la interventora y la ex tesorera”, reconociendo que si el concurso tuviese como objetivo nombrar a personal municipal del Ayuntamiento, el concejal, como cargo electo, no puede formar parte del órgano. La Gerencia Municipal de Cultura y Deportes “es una sociedad con capital público, pero independiente y no se rige por normas de derechos públicos, sino de derecho privado”, ha añadido. Sobre el hecho de que la persona elegida sea la la número dos de la lista conjunta de NC-CC al Congreso, Sánchez ha señalado que Fernández “en estos momentos no es diputada” y, cuando llegue el momento, “tendrá que decidir entre quedarse en la empresa o irse al Congreso” porque el cargo exige “exclusividad total”.
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