La comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia para la compra de material sanitario en pandemia ha citado para el próximo 27 de mayo a la presidenta de Baleares, Marga Prohens (PP), y el próximo 10 de junio, interrogará al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en su condición de expresidente de Canarias.
Así lo ha decidido este lunes la Mesa de la comisión, donde el PSOE y Sumar tienen mayoría, que ha optado por continuar la investigación por la vertiente balear del caso Koldo para, ya después de las europeas, iniciar pesquisas sobre la contratación por parte del anterior Gobierno canario de la empresa vinculada a esta supuesta trama de mordidas por la que se investiga entre otros al exasesor del ministerio de Transportes Koldo García Izaguirre.
Según ha detallado el presidente de la comisión, el socialista Alejandro Soler Mur, el próximo lunes las comparecencias arrancarán por la mañana con la del actual director del Servicio de Salud de Baleares, Javier Ureña. En sesión vespertina acudirán la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antonia María Estalleras, y a las seis de la tarde lo hará Prohens.
Segunda jornada dedicada a Baleares
A todos ellos se les interrogará sobre el expediente de reclamación presentado contra Soluciones de Gestión por parte del Ejecutivo balear. El anterior gobierno inició un procedimiento para reclamar a la empresa de la trama Koldo 2,6 millones de los 3,7 que pagó por sus mascarillas al haber recibido material de inferior calidad al que compraron, pero ahora el Ejecutivo 'popular' ha presentado una nueva reclamación por la totalidad el dinero abonado en 2020.
Ya el 10 de junio, al día siguiente de las elecciones europeas, la comisión del Congreso se centrará en el caso de Canarias, escuchando en primer lugar al exviceconsejero de Presidencia Antonio Olivera y después al expresidente autonómico. El Gobierno de Ángel Víctor Torres, adjudicó a Soluciones de Gestión, cuatro contratos por 12,3 millones de euros.
Pero, además, la Fiscalía Europea está investigando los contratos Canarias cerró con la empresa RR7 United por valor de 4 millones de euros para la adquisición de un millón de mascarillas que resultaron ser falsas. A principios de este mes la Policía Judicial registró la sede el Servicio Canario de Salud (SCS) en busca de documentación sobre este caso.
Tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, el órgano comunitario investiga a Conrado Domínguez, exdirector del SCS, y también, entre otros, a Rayco González (administrador de la empresa RR7) por estafa agravada y blanqueo de capitales, y a la exdirectora general de Recursos Humanos del SCS, Ana María Pérez, por prevaricación.
Domínguez había sido ya director del Servicio Canario de Salud (SCS) en el anterior Gobierno de Fernando Clavijo (Coalición Canaria), entre 2015 y 2019. Con el cambio de Ejecutivo en mayo de 2019, Sanidad pasó a ser dirigida por Teresa Cruz Oval (PSOE) que procedía de un sector muy crítico con la etapa de Domínguez. Sin embargo, al estallar la pandemia, el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres lo incorporó como coordinador al Comité de Gestión de Emergencias Sanitarias. Fue con esa condición con la que negoció contratos de mascarillas.
En mayo de 2020 recibió la llamada de su amigo Osvaldo Lastras, que le presentó a su compañero de trabajo Samuel Machín, y que serían las personas intermediarias que negociaron los términos del contrato de emergencia para Rayco Rubén González. El único nexo entre las partes, destaca la Fiscalía, era “la vinculación de amistad”. Todos “carecían de la mínima solvencia técnica y profesional para acometer” esa operación que buscaba “reponer el stock de los EPI (Equipos de Protección individual) de los sanitarios de los hospitales públicos con mascarillas que tuvieran la clasificación FFP3”. 21 días después de la primera llamada se firmó el contrato con RR7 por cuatro millones de euros para un pedido de un millón de mascarillas FFP3. Anticorrupción destaca en su querella que el exdirector del Servicio Canario de Salud, a pesar de ser considerado como “un experto” en gestión, no preguntó cuál era la solvencia profesional y técnica de la empresa. De hecho, la única referencia sobre el material decía que el empresario “tenía un colaborador que podía traer las mascarillas de África”.
La querella de la Fiscalía recoge que días antes el Servicio Canario de Salud había rechazado ofertas de empresas que ofrecían mascarillas FFP2 con disponibilidad inmediata porque “ya había en cantidades aceptables para varios meses”. Además, el precio pagado por las mascarillas a la empresa de Rayco Rubén González era “muy superior” (cuatro euros por unidad) al precio mayor (2,94) de todos los contratos de este tipo en Canarias durante la pandemia.
La autorización de los pagos correspondía a la directora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, que abandonó ese cargo en abril de 2022, mes en el que Anticorrupción abrió diligencias. En los contratos de emergencia para el suministro de material durante la pandemia, el mecanismo habitual consistía en anticipar la mitad del importe y pagar el resto cuando se hubiera acreditado que los productos habían llegado. Así fue como se concretó el primer pago en agosto de 2020 y en el segundo, en octubre del mismo año, se consuma lo que la Fiscalía Anticorrupción define como “el timo de Rayco”.
Anticorrupción sostiene que este segundo pago fue “temerario y negligente” y ocasionó un menoscabo de dos millones de euros a las arcas públicas. Según la querella, de ese dinero obtenido de manera presuntamente ilícita, Rayco Rubén González incorporó a su patrimonio 1,35 millones de euros que destinó a la compra de coches de alta gama (Porsche, Lamborghini, Maserati, Bentley...) a través de un entramado societario y de préstamos entre sociedades de su propiedad, y a mantener “un elevado tren de vida”.
El fiscal expone que “tras el pago de cuatro millones de euros” el adjudicatario del contrato “solo pudo ofrecer una partida de mascarillas falsas”, importadas desde Etiopía. En febrero de 2021, un mes antes de la llegada del cargamento con mascarillas falsas desde ese país, el SCS había iniciado el expediente para resolver el contrato por incumplimiento del adjudicatario. La Dirección General de Recursos Económicos del organismo público lo dio por extinguido en mayo y requirió a RR7 United la devolución de los cuatro millones de euros que había pagado por anticipado sin recibir ni una sola mascarilla.
Sin embargo, en junio de ese año, la empresa remitió un escrito en el que solicitaba la modificación del contrato para cambiar, por el mismo precio, el suministro del millón de mascarillas comprometidas (3M Modelo 1860 N95) por 1,2 millones de unidades de FFP3 de otra marca y modelo. El Servicio Canario de Salud accedió, pero RR7 United “jamás cumplió ese nuevo contrato”, destaca el escrito del fiscal, para quien la administración autonómica no solo debió resolver el contrato, sino que, debió reclamar una indemnización por daños y perjuicios. En cambio, le concedió “una nueva oportunidad de modificar las prestaciones”, una “nueva vida jurídica” para “un incumplidor que había importado mascarillas falsas que hubieron de ser destruidas”, añade.