operación GóndolaDomingo Berriel, el pasado jueves a CANARIAS AHORA
Las noticias publicadas en los últimos días sobre las investigaciones policiales relativas al proyecto turístico Anfi-Tauro apuntan a la tesis, totalmente infundada, de que el Gobierno de Canarias habría sido receptivo a hipotéticas presiones de la citada empresa para informar favorablemente la totalidad de las camas turísticas solicitadas, afirma el comunicado emitido por el departamento de Domingo Berriel. Sin perjuicio de la resolución final, “que sólo corresponde al Parlamento de Canarias, los hechos demuestran que durante la tramitación del expediente el Gobierno ha ido reduciendo las posibilidades de construcción turística planteadas por Anfi-Tauro, para su mejor adecuación al planeamiento sectorial-turístico y territorial”, agrega la nota.
La Consejería de Medioambiente explicó que Anfi-Tauro solicitó inicialmente 7.500 plazas y garantizó que “no le fueron admitidas”. Con posterioridad, “propuso 3.405 plazas que, de nuevo, han sido consideradas excesivas por el Gobierno de Canarias”.
El Ejecutivo regional entienda que “únicamente cabe plantearse tres alternativas que van de las 1.621 a las 1.790 plazas para ajustar la capacidad alojativa de los establecimientos a la capacidad de uso de los equipamientos complementarios previstos en el proyecto y al plazo de vigencia de la conocida como Ley de Moratoria”. “Lejos de que fueran admitidas las iniciales solicitudes de camas de dicha promotora, se ha ido recortando sucesivamente su capacidad alojativa, hasta dejarla en menos de una cuarta parte de las camas propuestas en 2005 por Anfi-Tauro, al entender el Gobierno que así se adecúa mejor al interés general”, asevera el escrito.
La Consejería añadió que la solicitud de Anfi-Tauro, así como las de otras tres empresas pendientes, se produce al amparo de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, más conocida como Ley de Moratoria. Esta disposición prevé que en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, durante el primer trienio a partir de la entrada en vigor de dicha Ley, y previa declaración de interés general otorgada por el Parlamento de Canarias, se podrán otorgar autorizaciones previas para proyectos turísticos que comporten una especial cualificación de la oferta canaria.
La tramitación de estas solicitudes se realiza, según la ley, a través de los cabildos insulares, los cuales, de considerarlas de interés para la isla y acordes con su ordenación territorial y con la capacidad de carga insular, las elevan al Gobierno para que tramite ante el Parlamento de Canarias la declaración de interés general, una vez que las consejerías competentes en materia de Turismo y Ordenación del Territorio las hayan informado de forma preceptiva, aunque no vinculante para el Parlamento de Canarias.
Cuatro solicitudes de excepción a la moratoria
La Consejería detalló en su comunicado que hasta ahora se han presentado cuatro solicitudes de declaración de interés general, a través de los cabildos insulares de Gran Canaria y Tenerife.
Una de ellas corresponde al proyecto turístico de un hotel temático familiar de cinco estrellas, con 484 plazas, de la empresa Explotaciones Santonel, a ejecutar en Adeje (Tenerife). “Es un expediente que se encuentra culminado, próximo de ser elevado al Gobierno de Canarias, sin mayores discrepancias técnicas hasta ahora sobre el número de camas solicitadas”, afirma el departamento del Ejecutivo.
Otra solicitud es la del proyecto turístico de un complejo de apartamentos, con 700 camas, de la empresa Abama, de cinco llaves, a ejecutar en Guía de Isora (Tenerife). “Es un expediente que se encuentra culminado, próximo de ser elevado al Gobierno de Canarias, sin mayores discrepancias técnicas hasta ahora sobre el número de camas solicitadas”.
Otro proyecto turístico del que se ha recibido solicitud de declaración de interés general es el de Anfi Tauro, integrado por establecimientos hoteleros de cinco estrellas y extrahoteleros, con 7.500 camas inicialmente, “reducidas más adelante a 3.405 camas”, a ejecutar en Mogán (Gran Canaria). “Este expediente no se ha culminado. Se encuentra en trámite de audiencia a la empresa promotora, toda vez que su petición de camas es considerada excesiva por el Gobierno de Canarias, a la vista del planeamiento territorial que afecta a las parcelas donde se proyecta el citado complejo”, afirma la Consejería antes de matizar que hay que tener en cuenta “la necesidad de ajustar la capacidad alojativa de los establecimientos a la capacidad de uso de los equipamientos complementarios previstos en el proyecto”.
El cuarto proyecto turístico para el que se solicita la declaración de interés general corresponde a un hotel y villas, con 2.631 camas de las máximas categorías, a ejecutar por la empresa Lopesán en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). “Es un expediente que se encuentra culminado, próximo de ser elevado al Gobierno de Canarias, sin mayores discrepancias técnicas hasta ahora sobre el número de camas solicitadas”, explicó la Consejería.
Sobre el expediente Anfi-Tauro, Medioambiente y Ordenación Territorial expuso que en noviembre de 2005, el Cabildo de Gran Canaria trasladó al Gobierno la inicial solicitud de declaración de interés general de hasta 7.500 camas alojativas, a construir en varias fases: la primera, en el trienio 2003-2006 y el resto en sucesivos trienios. “Las consejerías de Medio Ambiente y Ordenación Territorial y de Turismo no consideran procedente comprometer la capacidad alojativa de periodos que vayan más allá del contemplado en la Ley de Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, cuya moratoria constructiva afecta al trienio 2003-2006. Además, no dispone de soporte en el planeamiento urbanístico para tal volumen alojativo”, agrega la nota.
A la vista de la posición de ambos departamentos del Gobierno, en fecha 28 de Noviembre de 2006 Anfi -Tauro presenta alegaciones y reduce su demanda a un total de 3.405 plazas alojativas para el periodo 2003- 2006. Sometida de nuevo a informe urbanístico su solicitud por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, el nuevo dictamen, de fecha 1 de febrero pasado, propone reducir aún más la capacidad alojativa (planteando tres alternativas de 1.621 plazas, 1.750 plazas o 1.790 plazas) para adecuarla a las ordenaciones sectorial-turística y territorial que afectan al proyecto.
Este nuevo informe y sus conclusiones iban a ser trasladados al promotor de Anfi-Tauro, Santiago Santana Cazarla, en la entrevista concertada el día 5 de febrero en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial con su titular, Domingo Berriel, a lo efectos de que la promotora pudiera hacer las alegaciones pertinentes. “Téngase en cuenta que el promotor de Anfi-Tauro no sólo tiene derecho a obtener información en cualquier momento sobre el estado de su expediente, sino además tiene derecho a la orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar”, apostilla la Consejería.
Dado que el promotor fue detenido por la policía el mismo día 5, el consejero de Medio Ambiente y Política Territorial, Domingo Berriel, trasladó el 7 de febrero por correo dicho informe a la promotora Anfi-Tauro, “a los efectos -indica en la remisión- de que esa entidad se pronuncie sobre el ajuste de la declaración de interés general a alguna de las alternativas fijadas y, en su caso, cual de ellas considera más conveniente”. En la misma comunicación se le otorga un plazo de diez días para presentar sus alegaciones.
Con fecha del pasado 9 de febrero, la promotora Anfi-Tauro presenta sus alegaciones y opta por la tercera de las tres alternativas (la de 1.790 plazas). Los servicios técnicos de ambas consejerías informarán de nuevo sobre las alegaciones presentadas por Anfi-Tauro antes de elevar su propuesta al Consejo de Gobierno.
“La descripción de los hechos demuestra que ni se han ejercido influencias indebidas ni, en consecuencia, ha existido trato de favor, ni se ha dejado de informar a la empresa promotora sobre los trámites a que ha estado sometido el expediente iniciado por ella”, aseguró la Consejería.