El hombre fuerte de Coalición Canaria (CC) en Arona, Antonio Sosa, no sale precisamente muy bien parado del escrito de la Fiscalía en el que se recogen de forma pormenorizada todas las supuestas ilegalidades en las que pudieron incurrir los 17 acusados. De todos ellos, Sosa es precisamente el único que sigue en la política activa al ocupar el cargo de portavoz de los nacionalistas, concejal de Playas y secretario de CC en el municipio.
Pues bien, entre las irregularidades que detectó la Fiscalía se encuentra por ejemplo un viaje llevado a cabo en mayo de 2008 a Munich. El entonces concejal de Medio Ambiente se desplazó durante cuatro días a esta feria junto con otros trabajadores de su área. Hasta aquí puede que todo parezca meridianamente normal, pero lo cierto es que la totalidad de los gastos fueron abonados por la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basuras, Camilo Alvarez-Clusa.
Sin embargo, para cerrar el círculo, Sosa reclamó luego al Ayuntamiento el pago de dietas que sumaban 400 euros por el hotel y 238 por la comida. Dado que lógicamente no pudo presentar factura alguna del establecimiento en el que se quedó tuvo que reintegrar los casi 400 euros que había cobrado por este concepto.
Sosa Carballo ha sido ya formalmente acusado por un delito continuado de prevaricación por el que la Fiscalía le pide 10 años de inhabilitación especial, y por otro de malversación de caudales público por el que se reclama 1 año de prisión y cuatro meses de multa con una cuota de 50 euros. Entre las irregularidades que según la Fiscalía hacen a este cargo público merecedor de que se siente en el banquillo de los acusados está por ejemplo haber incumplido la normativa laboral.
Así cuando era concejal de Medio Ambiente en 2007 contrató a cuatro mujeres como personal de confianza pero bajo la cobertura de la realización de trabajos específicos con adjudicaciones menores. Lo cierto es que Sosa en realidad “encubría una relación laboral” y de hecho ésta se alargó más allá del plazo establecido para este tipo de convenios. Algunos incluso llegaron a extenderse por dieciocho meses.
Estas cuatro trabajadoras acudían de forma regular a las dependencias municipales y pasaron a Sosa diversas facturas para que les fueran abonadas por un valor global de casi 100.000 euros. En cuanto a las contrataciones el Fiscal recuerda que la Ley permite adjudicarlas de forma directa siempre y cuando su importe sea inferior a los 18.000 euros y no se traten de obras. Para el Ministerio Público no cabe ninguna duda de que se llevó a cabo una relación laboral en toda la extensión de su palabra y que la vocación era que las trabajadoras se consolidaran como personal del sector público.
Aún más extraño resulta que las contrataciones se llevaran a cabo sin delimitar o definir su objeto, ni constase nunca la necesidad de su cumplimiento y si se realizaron para fines institucionales. Ni siquiera llegó a constar nunca acreditación de la capacidad de este personal para suscribir contratos, ni la formación necesaria para prestarla.
“En todos los casos se trató de contrataciones verbales para encargos inconcretos o indefinidos pues nada se hizo constar sobre la delimitación del objeto del contrato administrativo de servicios. Ninguna de las cuatro contratadas estaba dada de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social, requisito que debieron cumplimentar con carácter previo”, señala la Fiscalía. Pero hay más. Las investigaciones determinaron que los trabajos se encargaron a personas “de dudosa solvencia técnica que carecían de titulación académica y profesional adecuada para la prestación del servicio”.