La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha asegurado este lunes desconocer que por parte de la Consejería de Hacienda se haya autorizado mantener lo sobrepagos a la clínicas privadas concertadas al tiempo que se les ha autorizado a incumplir las exigencias impuestas en los nuevos conciertos sanitarios. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, Dávila contestó a una pregunta de este periódico indicando que “ahora mismo no tendría una respuesta que ofrecerle” porque antes “tendría que tener constancia efectiva y por lo tanto conocer en el marco en el que se produce esa carta para hacer un análisis”.
La carta en cuestión es la que el director del Servicio Canario de la Salud envió el pasado 5 de abril a los responsables de las áreas de Salud de Tenerife y de Gran Canaria, así como al Servicio Central de Inspección y Conciertos, en la que anunciaba que quedaba en suspenso la aplicación de los nuevos requisitos a las clínicas privadas, particularmente en materia de hospitalización de media estancia, para hacer frente a las necesidades sobrevenidas de más derivaciones a esos centros. Esa suspensión se ha realizado sin rebajar los pagos a las empresas firmantes de los convenios, a las que en algunos casos se les ha duplicado el presupuesto público.
La noticia fue adelantada el pasado día 20 por este periódico y la consejera Dávila parecía estar al corriente de la existencia de esa carta al ser preguntada si Hacienda va a autorizar esos pagos pese a los incumplimientos. En ningún momento negó que la carta exista sino que dijo desconocer lo que llamó “el marco en el que se produce”.
El pasado 5 de abril, apenas tres meses después de la firma de los contratos entre la Consejería de Sanidad y las clínicas concertadas, y tan solo un día antes de que finalizara el plazo concedido por el consejero, José Manuel Baltar, para que las privadas certificaran el cumplimiento de esas exigencias, el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, emitió una carta de “medidas urgentes” para prorrogar otro año más la entrada en vigor de esa orden, es decir, para permitir tres camas por habitación y así poder aumentar el número de derivaciones a la privada ante la situación de colapso en los hospitales públicos. Sanidad se ampara en un informe firmado el 4 de abril por la directora del área de Salud de Gran Canaria, Esther Monzón, que a su vez bebe de otros dos escritos emitidos un día antes por los gerentes del Insular y del Doctor Negrín, Víctor Naranjo y Pedro Rodríguez, respectivamente.
Sin noticias de los 13 millones para Tamaraceite
La consejera de Hacienda tampoco pudo responder a este periódico al ser cuestionada por los 13 millones de euros de la Administración central que la Comunidad Autónoma mantiene retenidos sin transferir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para la reposición de viviendas en el barrio de Tamaraceite.
“Consultaré con la consejera de Vivienda”, se limitó a contestar tras repetir en voz alta la cantidad.
El milagro de la carretera de La Aldea
Sobre la firma del contrato de adjudicación de la segunda fase de la carretera de La Aldea nueve días después de que el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, afirmara que “corría peligro” por el cálculo del superávit del Gobierno central, la portavoz se limitó a contar que existen dos convenios, sin dar una explicación de por qué el presidente generó esa alarma cuando en realidad sí se puede realizar la obra.
“Tenemos dos convenios: por un lado, tenemos el Convenio de Carreteras, 1.200 millones en ocho años y por otro lado, aquellas carreteras que estaban en el anterior convenio que son las que tendrían que sufragarse con el dinero que no vino a Canarias”.
Sin embargo, Dávila omitió que la segunda fase de esta vía del norte de Gran Canaria se incluye entre las obras prioritarias del acuerdo firmado el pasado 22 de diciembre.