UN MES CONFINADOS
El estado de alarma también ha traído consigo tensiones políticas en Canarias. La más importante: la destitución de la consejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval, y con ello una renovación en esta área vital en la crisis sanitaria desatada por la COVID-19. Su cese se produjo a pesar de que esta comunidad presenta uno de los datos más bajos de muertes por coronavirus y con las UCI menos saturadas del país. No obstante, los cuchillos afilados sobre esta posible renovación se venían gestando desde hacía meses, con el descontento de parte de los sindicatos con su gestión y clamando por la vuelta a la consejería del que fuera director del Servicio Canario de Salud con Coalición Canaria, Conrado Domínguez, y que poco antes de la destitución de Cruz fue colocado al frente de la dirección técnica contra el coronavirus a propuesta del consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis (PSOE), y del vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez (Nueva Canarias).
Domínguez era hasta ese momento secretario general técnico de Obras Públicas, Transportes y Vivienda y se incorporó el pasado 23 de marzo a un equipo que ya había sido conformado por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ante las tensiones que se habían producido en el pacto de las flores (PSOE, NC, Sí Podemos y ASG) por la gestión de la consejera de Sanidad. Ese grupo de seguimiento de la crisis estaba integrado por Román Rodríguez, Teresa Cruz, Sebastián Franquis, además del consejero de Administración Pública, Julio Pérez; el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera; el viceconsejero de Comunicación, Ricardo Pérez; y el director general de Patrimonio y Contratación, José Julián Isturiz, que había estado al frente del Servicio de Urgencias Canario (SUC) durante la etapa como presidente del actual líder de Nueva Canarias.
Solo un día antes de su cese, Cruz Oval aseguraba sentirse víctima de una campaña de desgaste: “No me dejan trabajar'', llegó a afirmar. Tras su destitución llegó también la de la directora del Servicio Canario de Salud, Blanca Méndez. Su puesto lo ha ocupado de forma interina el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, una persona de la máxima confianza de Torres. Así mismo, se decretaba el cese de la directora general de Salud Pública, Concepción Gil. En su lugar, se volvía a colocar a Juan José Alemán, responsable de esta área hasta agosto del año anterior.
Los cambios en esa consejería han sido interpretados por parte de colectivos como la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias como una maniobra de las clínicas privadas. De hecho, Isturiz fue gerente de Hospitales San Roque, cargo en el que sustituyó al exconsejero José Manuel Baltar, que además fue vicepresidente de la patronal privada. Como sustituto de Cruz Oval fue nombrado Julio Pérez, que hace más de una década tuvo responsabilidades en el gigante de la sanidad privada en las Islas, Hospiten, donde fue secretario del Consejo de Administración.
En los últimos días se han incorporado otras personas que pertenecían al anterior equipo de Coalición Canaria a la consejería. Además de Juan José Alemán, destaca Ignacio López Puech, nombrado director del área de salud de Tenerife en sustitución de Susana Cantero, que cesaba “a petición propia”, según recogió el Boletín Oficial de Canarias. Puech ya había ostentado el mismo cargo en la pasada legislatura con Coalición Canaria (CC). En 2016, protagonizó una polémica tras asumir la dirección de una clínica privada (Hospital Parque de Santa Cruz de Tenerife) nada más abandonar su puesto de gerente del Hospital Universitario de Canarias.
Más allá de la Consejería de Sanidad, también se han producido ciertas diferencias en materia económica por parte de socios de Gobierno como Nueva Canarias o ASG, que piden más contundencia del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en Madrid a la hora de presionar para que se pueda utilizar el superávit de la comunidad autónoma. El también presidente del Cabildo de La Gomera y pieza esencial en el pacto progresista de la comunidad autónoma, ha llegado a hacer declaraciones como que no descarta que se tengan que realizar ajustes de personal en la administración pública, a lo que el portavoz del Gobierno, Julio Pérez, ha contestado que “no sobra nadie” en la administración.
Si en esta crisis sanitaria y económica han destacado las voces de líderes como el vicepresidente Román Rodríguez o la consejera de Economía, Elena Máñez, así como la de Turismo, Yaiza Castilla, no ha sobresalido la de la consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende, que se ha mantenido al margen de la polémica por las papas de Israel bloqueadas en Tenerife por riesgo fitosanitario, en un momento en el que el campo canario ha lanzado un SOS y a escasas semanas de que empiece la cosecha de papa canaria. Una situación que ha hecho que otro de los socios del Gobierno, Podemos, pida explicaciones: lo hará en la próxima comparecencia de la consejera ante la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias.
El turismo es otra de las áreas más resentidas de esta crisis del coronavirus. Con el cierre de hoteles y del espacio aéreo se avecinan unos meses complicados para reactivar esta actividad. En la consejería que lidera Yaiza Castilla (ASG), además se han producido cambios en importantes empresas públicas como Promotur y Hecansa. Solo unos días antes de la declaración del estado de alarma se anunciaba un proceso de renovación en ambas para lo que se convocará una oferta pública y abierta. El cese de María Méndez, diez años al frente de esta entidad, se producía el pasado 3 de abril, y unos días después el de Alberto Ávila. Se trata de una situación que genera inquietud en el sector del turismo y más en un momento delicado como el actual.
La gestión de la crisis del coronavirus también está generando críticas por parte de algunas voces del propio PSOE. El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, ha protagonizado algunas polémicas. Recientemente, ha responsabilizado al Mercado de La Laguna del elevado número de contagios que según él hay en el municipio. Además, en los primeros días de la crisis sanitaria llegó arremeter contra las familias que hicieron regresar a sus hijos estudiantes de la Península a las Islas: “Hay que ser muy irresponsables para haber traído a sus hijos de Madrid durante esta cuarentena”, aseguró.
Pero no sólo en los cabildos ha habido de todo. Iniciativas como la del grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna (PSOE, Unidas Se Puede y Avante) de rebajarse el sueldo en un 30%, justo el porcentaje que ve mermado cada trabajador que se ve forzado a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), no solo cogió con el pie cambiado a la oposición y a la propia Federación Canaria de Municipios, sino al mismo partido del alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE). Tanto, que este mismo miércoles el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, compañero del alcalde en la misma agrupación socialista de La Laguna, lanzaba una puya: “Lo de rebajarse el sueldo no es para hacer una carrera”.
Todo en un primer mes de confinamiento que no ha terminado de desatar en Canarias la tormenta política que sí se atisba a escala estatal. La actividad parlamentaria se ha reanudado, eso sí, justo el 14 de abril con la comparecencia del presidente de Canarias ante los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. Y aunque la oposición no ha escatimado críticas a la gestión gubernamental, el ruido no alcanza al cruce de dardos entre los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Todo se andará…
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