“Igual nos hemos llevado en algún momento, no digo a engaño sino una confusión. Declarar zona tensionada un municipio o un área del municipio, no conlleva obligatoriamente la limitación de precios del alquiler, pero es que no lo dice la Ley, es decir, yo no sé quién lo dice, pero eso la Ley no lo establece”, dijo este lunes el consejero de Obras Públicas y Vivienda de Canarias, Pablo Rodríguez (CC), tras el Consejo de Gobierno. No obstante, el Ministerio de Vivienda impone un rango de precios para las zonas que sean declaradas tensionadas.
La Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda recoge que “en los contratos de arrendamiento de vivienda en los que el inmueble se ubique en una zona de mercado residencial tensionado... la renta pactada al inicio del nuevo contrato no podrá exceder de la última renta de contrato de arrendamiento de vivienda habitual que hubiese estado vigente en los últimos cinco años en la misma vivienda...”
El Gobierno de España creó una referencias de precios de alquiler precisamente para fijar importes máximos de arrendamiento en las zonas declaradas por las comunidades autónomas de mercado residencial tensionado. Actualmente, los alquileres en las dos capitales canarias son un 70% más caros que la nueva referencia del Gobierno.
Pese a ello, Rodríguez incidió en que “declarar zona tensionada un municipio, o una zona parcial del municipio conlleva medidas extraordinarias para dar respuesta a la emergencia habitacional o a la atención en la vivienda. Pero no dice que una cosa automáticamente conlleva a lo otro, lo digo por dejarlo absolutamente claro en el artículo 18 de la Ley Estatal. Es que creo que se ha asimilado que el área tensionada es limitar precios y eso no lo dice la Ley”, apuntó. “No es cierto, el área tensionada es instalar medidas extraordinarias”, recalcó.
El consejero de Obras Públicas y Vivienda compareció tras el Consejo de Gobierno para anunciar que se dotará en un plazo de un mes un protocolo para que los ayuntamientos presenten la documentación e informes pertinentes si quieren solicitar la declaración de zonas tensionadas en sus municipios. Rodríguez aseguró que este protocolo será similar al que ya ha aprobado el País Vasco.
Así mismo, dijo que el Gobierno ha cursado una consulta al Ministerio de Vivienda sobre la ley estatal para que aclare qué organismo, el ayuntamiento o la comunidad autónoma, es la que debe redactar esos informes, al tiempo que ha indicado que una vez que se presenta la petición es la Consejería la que debe pronunciarse si procede o no la declaración.
Rodríguez presumió que de que su Ejecutivo “se ha adelantado” a la ley estatal con el decreto ley de medidas urgentes; un decreto que apuesta todo al ladrillo y al sector privado.
El consejero de Vivienda se muestra así en la línea de su partido, que ha sido muy crítico desde el principio con la Ley estatal de Vivienda. El partido se ha sumido en contradicciones ya que mientras rechaza la aplicación de la norma, mientras grupos municipales de la misma formación política piden desplegarla (como es el caso de La Oratava).