El responsable de la dirección General de Costas en la provincia tinerfeña, Carlos González, aseguró este martes que en las demoliciones de las ocupaciones en dominio público marítimo la administración está dispuesta a retrasar aquellos inmuebles que sean primeras viviendas hasta que se de una solución por parte de los servicios sociales municipales a las familias afectadas.
Así lo indicó González en una rueda de prensa ofrecida junto al delegado del Gobierno, José Segura, para presentar las actuaciones de Costas en la provincia tinerfeña, donde esta administración ya ha delimitado en un 92,1% el deslinde de dominio público marítimo terrestre.
Una acción que supone recuperar para el uso público terrenos en los que se han ejecutado construcciones y que han llevado al inicio de 340 expedientes de recuperación posesoria de las 696 ocupaciones del dominio público registradas en Tenerife y 631 de las 766 en La Palma. En el caso de La Gomera (34) y El Hierro (1) las ocupaciones son menores y ya se han resuelto todos los expedientes, con la consiguiente demolición.
Segura insistió en la actitud “firme” de la Dirección General de Costas en el cumplimiento de la ley y remarcó que esta acción va en beneficio de todos y en defensa del interés general, “no se están defendiendo intereses privados de nadie, ni de un hotelero, ni de un urbanista, ni de planes parciales espúreos”, añadió.
El delegado del Gobierno acusó de “desequilibrados” a aquellos políticos que “hacen comentarios impropios” con los que pretenden que las administraciones públicas incumplan la ley de Costas, que “sólo pretende la recuperación del bien común”.
Así, remarcó que la actuación de recuperación del litoral la sensibilidad de Costas “está a prueba de bombas” en defensa del interés general, aunque indicó que la administración está “abierta al diálogo y a las indemnizaciones” en casos puntuales.
Además, insistió en que los funcionarios de la dirección general de Costas lo que hacen es aplicar la ley establecida y el convenio suscrito en 1998 entre Ministerio de Medio Ambiente (PP) y el Gobierno canario, (CC-PP) en el que se preveían gran parte de las actuaciones y demoliciones ?como la de Cho Vito- que se están tramitando actualmente.
“Mientras no se cambie la ley o el convenio los funcionarios tendrán que cumplirlo” indicó el delegado del Gobierno, al ser cuestionado sobre la proposición de ley presentada por CC y PP en la Cámara regional para intentar que Costas adopte una postura flexible en la interpretación de la norma para los asentamientos ilegales en terrenos públicos del litoral.
Segura insistió en que la ley va a favor del bien general “no del interés sectario de ningún partido político, ni de particulares”, y acusó de electoralismo a los políticos que pretenden que se incumpla la ley y que “se han subido al caballo de la deformación de la verdad”. “Allá cada uno con su ética”, añadió Segura, quien consideró “triste” que se pretenda que las administraciones públicas estén “al rebufo de la demagogia simplona y ramplona”.
“No se va a masacrar a nadie”
El delegado del Gobierno reconoció que la aplicación de la ley puede generar situaciones de tensión, “en las que el cauce es el diálogo y la aplicación de la norma” y garantizó que “no se va a masacrar ni maltratar a nadie”.
Segura también consideró que “ya está bien de hacer comentarios ridículos sobre bienes de interés cultural” para evitar la demolición de construcciones ilegales que ocupan unos terrenos que son públicos y consideró que dentro de unos años “nadie va a reconocer el litoral y todos nos sentiremos orgullosos”.
En esta línea, el delegado se mostró “muy satisfecho” con la labor de regeneración de litoral realizada por la dirección general de Costas, que han supuesto una inversión de 41 millones de euros, mientras que las previstas a desarrollar supondrán un importe de 182 millones.
Entre las actuaciones, ambos dirigentes destacaron la recuperación de espacios costeros como la Playa de Vallehermoso (La Gomera) o de Güímar (Tenerife).
También destacaron las labores de limpieza del litoral, que han supuesto la extracción de unas 84 toneladas de basura de las costas de la provincia tinerfeña. Entre estas acciones también se incluyen la retirada y destrucción de 207 cayucos utilizados por inmigrantes clandestinos para llegar a las costas tinerfeñas.