La Comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) remitirá al Ministerio de Medio Ambiente la tarea de declarar el impacto medioambiental de la cárcel que el Estado planea construir en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana como primera opción, según declaró este miércoles el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel.
Entre los múltiples puntos del día de la reunión de la COTMAC celebrada este miércoles figuraba la discusión del informe de impacto medioambiental de las distintas infraestructuras penitenciarias que el Estado pretende construir y ampliar en Canarias, dentro de su Plan Territorial Especial de Infraestructuras Penitenciarias en Canarias.
Según Berriel, el avance de ese plan fue informado en su día, donde se estudian las distintas alternativas de emplazamiento. “Han solicitado ahora el contenido del informe de sostenibilidad y la ponencia técnica ha acordado contestar que ese informe corresponde al Ministerio de Medio Ambiente”, al ser infraestructuras que dependen del Estado, según explicó el consejero.
No obstante, Berriel asegura que el contenido de ese informe “está preparado” y que “si desean que lo adelantemos tendrán que hacer una delegación a la Consejería y no abría ningún problema en aportárselo”.
El consejero destacó que este Plan “aún requiere bastante tratamiento y trámites” ya que está en un estado inicial y que el informe preparado por su Consejería debe evaluar el impacto medioambiental de estas infraestructuras y se necesita previo a la aprobación inicial de las mismas.
Infraestructuras
Este Plan es competencia del Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, y contempla nuevas infraestructuras con centros semiabiertos, esto es, donde los reclusos sólo van a dormir en Gran Canaria y Tenerife y dos de régimen cerrados en Gran Canaria y Fuerteventura más las ampliaciones, como las de Tahíche en Lanzarote.
En cuanto a la cárcel de nueva construcción en Gran Canaria y que pretende aliviar el desbordamiento de la cárcel provincial de Salto del Negro, hay distintas alternativas, aunque el consejero sólo recuerda la principal opción en San Bartolomé de Tirajana.
En este sentido señala que estas infraestructuras “no pueden estar muy alejadas de los Juzgados de Instrucción y las de régimen semiabierto en las ciudades para que cumplan su función de incorporación de los presos a la sociedad”.