Tras conocerse la decisión del Gobierno de Canarias de nombrar como nuevo viceconsejero de Economía a Blas Acosta (PSOE), que está imputado en dos casos por presunta corrupción, han comenzado a producirse reacciones críticas en otros partidos políticos, y no solo en aquellos que conforman la oposición, sino también desde algunos afines a los partidos que sustentan la coalición de Gobierno en las Islas formada por PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera. Se trata de Sí Se Puede, que tiene un diputado en el Grupo Parlamentario de Sí Podemos.
La organización ecosocialista critica “con contundencia” este nombramiento, que considera “inaceptable y un muy mal camino” y que esta elección no debía de haberse llevado a cabo, por lo que le pide al presidente que “rectifique cuanto antes”.
“Un gobierno constituido sobre la base de un proyecto de regeneración democrática de Canarias tras las décadas oscuras de Coalición Canaria no puede permitirse este tipo de decisiones”, destaca el grupo en una nota de prensa, y añade que “esta decisión hace saltar por los aires cualquier código ético de un proyecto que aspira a guiarse por la ética y por la transparencia”.
La organización asegura en el escrito que esta situación está motivada por “necesidades del presidente del Gobierno para mantener los equilibrios internos de su partido; no tiene que ver ni con el bien de Canarias ni con ninguna otra justificación: es un cambalache más de aquella vieja política que ha sido señalada por la ciudadanía como un objetivo a superar y a la que no está dando una respuesta positiva la práctica real del ejercicio del poder que ha desplazado a Coalición Canaria de las instituciones autonómicas”, concluye.
El presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, ha defendido “la presunción de inocencia” para el expresidente del Cabildo de Fuerteventura, después de que la diputada del grupo mixto Vidina Espino calificase de “indecente e inaceptable” que use el Gobierno regional como agencia de colocación para un investigado por la Justicia.
Espino pidió al presidente que busque una solución para las personas afectadas por la anulación de la OPE porque, añadió, “cuando quiere, Torres encuentra soluciones ”como hemos visto con el problema interno en su organización política, y cómo le ha dado estabilidad laboral“ a Acosta, que está imputado en dos causas penales por las que la Fiscalía reclama para él penas totales de siete años de prisión por delitos como prevaricación urbanística o administración desleal.
“¡Qué suerte tener a mano el carnet del PSOE para que le den a uno un puesto en el Gobierno de Canarias!”, proclamó Espino, quien reprochó al presidente que, mientras tanto, hay miles de afectados por la OPE que han estado trabajando en larguísimas y duras jornadas de trabajo en la Sanidad, renunciando a su tiempo en familia y de ocio y que ahora todo “se ha tirado por la borda”. A lo que Torres contestó: “Soy el presidente de Canarias y no un juez, y sería bueno que todos creyéramos en la presunción de inocencia”.
Asimismo, el diputado en el Parlamento canario por Coalición Canaria José Alberto Díaz-Estébanez también ha mostrado su repulsa al nombramiento de Blas Acosta, en esta ocasión, a través de las redes sociales. “A esto se reduce todo. Chantajes y presiones, acusaciones y aforamientos, repartos y sillones... todo para esto”, escribe Díaz-Estébanez en su perfil de Twitter, y añade: “¡Para eso están las Viceconsejerías en un Gobierno Florero, y nada menos que en Economía!”.
Cristina Valido, diputada por el Grupo Nacionalista Canaria en el mismo órgano, ha compartido el mensaje del de Coalición Canarias y otros, todos con algo en común: critican la decisión del Gobierno autonómico.